¿Por qué le teme Daniel Ortega a la Corte Penal Internacional?

¿Por qué le teme Daniel Ortega a la Corte Penal Internacional?

Por Roberto Escobedo Caicedo

Publicado en el diario Nicaragua Hoy, el 25 de marzo de 2008

Hace pocas semanas se reunieron representantes de la Unión Europea con sus homólogos de los países centroamericanos, iniciando negociaciones para la concertación de un Tratado de Libre Comercio. Entre los planteamientos hechos por los delegados del Viejo Continente estaba el que nuestros países se adhirieran al Estatuto de Roma y a la Corte Penal Internacional, encargada de juzgar a todos los que han incurrido en delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, torturas, desapariciones forzosas, genocidios, etc.

La Corte Penal Internacional, integrada por un conjunto de juristas de probada competencia e imparcialidad, ofrece garantías suficientes a todos los que caigan bajo su jurisdicción. Las garantías procesales no son mediatizadas por influencias de gobernantes ni dirigentes de partidos políticos, pero lo sorprendente del caso es que esa propuesta fue rechazada de plano, esgrimiendo cada representante centroamericano diferentes excusas para que los involucrados en tales crímenes que repugnan a la conciencia de la humanidad civilizada, no sean juzgados y cumplan sus merecidas condenas en las prisiones de máxima seguridad existentes en varios países europeos.

En Nicaragua está sometido a discursión si es conveniente o no un decreto de amnistía de la Asamblea Nacional que beneficie con la gracia del perdón y el olvido a los ex-funcionarios públicos de gobiernos anteriores, a quienes la Contraloría General de la República, una institución secuestrada por el FSLN y convertida en instrumento de revanchismo político y pasadas de cuentas contra sus adversarios políticos, les ha impuesto sospechosas presunciones de responsabilidad penal, para que luego los funcionarios de la Fiscalía General de Justicia, Procuraduría General de la República y Corte Suprema de Justicia, también secuestradas por el FSLN, los sometan a toda clase de injusticias y chantajes de toda índole.

Como es natural, los sandinistas, tanto los del FSLN como los del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), son los que más se oponen a ese anteproyecto de amnistía que impulsan algunos diputados liberales, porque saben que los principales candidatos de oposición al sandinismo serán procesados en los tribunales comunes, para evitar el peligro que triunfen en los comicios municipales de noviembre del año en curso.

El 25 de febrero de 1990, los sandinistas perdieron las elecciones de autoridades supremas de la República ante los candidatos de la Unión Nacional Opositora (UNO). Temerosos de ser procesados por los numerosos crímenes cometidos, de esos que tienen acciones penales imprescriptibles y por el saqueo exhaustivo de las arcas nacionales, no se favorecieron con Leyes de Amnistía, sino con Leyes de Autoamnistía.

"La Autoamnistía es un tipo concreto de amnistía por la cual un Estado decreta amnistía para sí mismo en cuanto a los crímenes que los funcionarios estatales puedan haber cometido. El fin último de la autoamnistía es que al no existir legalmente victimarios, no se pueden levantar procesos contra los que cometieron los hechos y queden limpios de culpa".

La historia enseña que las autoamnistías se dan en países donde el Estado tiene connotaciones totalitarias, como era el caso del régimen sandinista de Daniel Ortega Saavedra, obligado a convocar a elecciones de autoridades supremas de la República por la presión militar de los efectivos contrarrevolucionarios. Estas leyes se aprueban de manera unilateral sin tomar en cuenta a los diferentes actores políticos ni a la comunidad internacional. Tampoco ofrecen ningún tipo de compensación a los familiares de las victimas, es decir, a los que fueron ejecutados extrajudicialmente, torturados, condenados a injustas penas de privación de libertad, etc.

Estas Leyes de Autoamnistía son difíciles de mantener, porque el Sistema de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, los Sistemas Regionales de Derechos Humanos y la misma Corte Penal Internacional, dificultan la impunidad permanente de quienes han sido beneficiados con tan sui géneris disposiciones, porque más temprano que tarde, la jurisdicción de dichos organismos puede declarar la nulidad de tales leyes, sentando en el banquillo de los acusados a los responsables de crímenes que por su gravedad caen bajo la esfera de competencia de la Corte Penal Internacional.

Cuando se restablece verdaderamente la democracia en un país, las Leyes de Autoamnistía no mantienen su vigencia durante mucho tiempo. Las dictaduras militares de Argentina y Chile, una vez que bajo la presión internacional se vieron obligadas a convocar a elecciones de autoridades supremas, fueron sometidas a exhaustivos procesos de revisión judicial, tanto a lo interno de cada país como por parte de los organismos regionales de derechos humanos. El resultado fue que declararon la nulidad de tales disposiciones y los responsables de crímenes de lesa humanidad, fueron sentados en el banquillo de los acusados y sentenciados hasta cadena perpetua.

El que fuera Presidente de la Junta Militar de Argentina, Teniente General Jorge Rafael Videla, después de la declaración de nulidad del Decreto Ley de Autoamnistía, tanto a lo interno de la Argentina como por los organismos internacionales de derechos humanos, fue sentado en el banquillo de los acusados. Condenado a cadena perpetua y degradado de su rango militar. Igual suerte corrieron otros de sus compañeros de aventuras como el Contralmirante, Emilio Massera; el Comodoro del Aire, Agosti e infinidad de represores del pueblo argentino.

Otro tanto ocurrió en Chile con el restablecimiento de la democracia. El Decreto Ley No. 2191 de 1978, fue declarado nulo por los tribunales chilenos, lo que también fue confirmado por los organismos regionales de derechos humanos y los responsables de crímenes de lesa humanidad, sentados en el banquillo de los acusados y condenados a penas diversas de prisión. Entre ellos, el propio Augusto Pinochet Ugarte, el que fue previamente despojado de su fuero especial de Senador Vitalicio y el General Juan Manuel Contreras Sepúlveda, Director General de la DINA, así como otros militares y policías responsables de toda clase de violaciones de derechos humanos.

En todos estos casos que se han declarado nulos los Decretos Leyes de Autoamnistía de Argentina, Chile y el Perú, los perjudicados han sido los militares y funcionarios civiles de los gobiernos considerados represivos y violadores de los derechos humanos de los ciudadanos de sus respectivos países. Pero no ha ocurrido nada parecido en el caso de los comunistas tranochados y cipayos del desaparecido social imperialismo soviético, como es el caso de Daniel Ortega Saavedra. Porque en la Nicaragua sandinista, durante el período 1979-1990, las mismas violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad por los que fueron condenados militares y civiles en Argentina, Chile y El Perú, se produjeron también en nuestro país.

Surge, entonces, la inevitable pregunta, ¿quién o quiénes protegen a los comunistas que violan los derechos humanos de sus compatriotas y en lugar de estar recluidos en prisiones de máxima seguridad, hasta tienen la oportunidad de regresar nuevamente al poder para repetir sus mismos abusos?

La Comisión Permanente de los Derechos Humanos de Nicaragua, de la que es Secretario General el Licenciado Marcos Carmona, presentó hace algunos meses una pormenorizada y bien documentada denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señalando como autores de todos los excesos de las Navidades Rojas a los hermanos Humberto y Daniel Ortega Saavedra, Lenin Cerna Juárez y Omar Cabezas Lacayo. Quizás pueda seguir el procedimiento empleado por los tribunales y comisiones de derechos humanos de Argentina, Chile y El Perú, solicitando que los organismos regionales de derechos humanos declaren nulas las Leyes de Autoamnistía de los sandinistas de marzo de 1990, para poder sentar en el banquillo de los acusados a todos los que incurrieron en violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, quedando sometidos a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.

El FSLN y los supuestos disidentes del MRS, se oponen a un decreto de amnistía de la Asamblea Nacional de Nicaragua, porque no desean que se recuerden sus Autoamnistías. Estas persiguen el propósito de evitar el encausamiento de los altos cuadros políticos, militares, policiales y de seguridad del FSLN que incurrieron en crímenes de lesa humanidad, torturas, desapariciones forzosas, etc., mientras que el decreto ley de la Asamblea Nacional, despojar de rehenes políticos al FSLN y a su Secretario General, Daniel Ortega Saavedra. En otras palabras, rescatar de las garras del FSLN todas las instituciones nicaragüenses.

Por esto es que Daniel Ortega Saavedra y los restantes sandinistas que están siendo investigados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a petición de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua, temen como el diablo al agua bendita a la Corte Penal Internacional 

Web: www.nicaraguahoy.info

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RODRIGO GONZALEZ FERNANDEZ
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