Temor a la Corte Penal

Temor a la Corte Penal

Por Miguel Ángel Albizures

Publicado en el diario El Periódico, el 25 de marzo de 2008

En la reciente reunión de los gobernantes centroamericanos, los presidentes de Guatemala y El Salvador, con el apoyo de los otros países de Centroamérica, hicieron público su rechazo a la Corte Penal Internacional (CPI), aduciendo que no aceptan ingerencia de los países de la Unión Europea que en la reunión del Acuerdo de Asociación planteó los temas de derechos humanos y cláusulas democráticas; y como prerrequisito, el ingreso pleno a la CPI. Se entiende que no deben aceptar imposiciones, pero fueron y siguen siendo sumisos a la política de Estados Unidos, aceptando la exigencia del Tratado de Libre Comercio y el Plan Puebla Panamá.

Entendemos que El Salvador asuma esa postura, pues fue uno de los primeros que firmó un compromiso con EE.UU. para no respaldar ningún juicio contra ciudadanos de ese país que cometieran crímenes que la CPI sí puede juzgar, tales como: el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. Guatemala no tiene razón para quedarse al margen de un instrumento internacional que representa una vacuna contra los criminales actuales y del futuro, pues si lo que se pretende es proteger a quienes provocaron el holocausto en Guatemala, no se estarán juzgando los hechos del pasado. 

Para abril, del 14 al 18, se espera una nueva ronda de negociaciones con la Unión Europea, y la posición de Guatemala no debe ser de rechazo a todo lo que se refiere a los derechos humamos y cláusulas democráticas; por el contrario, debe dar ejemplo de que hacia eso nos encaminamos, pero que necesitamos un comercio justo que contemple las grandes diferencias entre las economías de los países europeos y las centroamericanas, así como la revisión profunda de las canonjías que gozan las grandes transnacionales que explotan nuestros recursos naturales y la mano de obra.

El Gobierno de Colom no tiene por qué temer a la CPI, pues se supone que el respeto a los derechos humanos ocupa un lugar primordial en su programa; y la CPI, que además de ser un instrumento de prevención, estimula a los estados para que pongan fin a la impunidad e interviene cuando estos ponen oídos sordos a los clamores de justicia de los pueblos. Además, la Corte de Constitucionalidad ya dictaminó a favor, porque considera que no viola la Constitución, y así lo hizo en su oportunidad la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso para que Guatemala se adhiera.

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