Parlamentarios abogados podrán ejercer como patrocinantes o apoderados ante el Tribunal Constitucional
Por no alcanzar el quórum requerido, el Senado rechazó establecer una incompatibilidad en esa línea. No obstante, los diputados y senadores abogados no podrán patrocinar causas propias o de sus familiares cercanos.
Finalmente y después de un arduo debate el Senado rechazó, por falta de quórum, establecer la inhabilidad que prohibía a los legisladores abogados ejercer como patrocinantes o apoderados ante el Tribunal Constitucional.
Esto, en el marco de la tramitación del proyecto, en segundo trámite, que adecua la Ley Orgánica Constitucional del Congreso a la nueva Constitución. Tras esta votación, la iniciativa fue derivada a la Cámara de Diputados para su análisis.
Durante la sesión de esta tarde intervinieron los senadores José Antonio Gómez, Hernán Larraín, Soledad Alvear, Nelson Ávila, Guillermo Vásquez, Jaime Gazmuri, Andrés Allamand, Alberto Espina, Roberto Muñoz Barra, Pablo Longueira, Andrés Chadwick y Pedro Muñoz.
La norma que establecía esa inhabilidad obtuvo 13 votos a favor y 17 en contra, y pese a que existía una voluntad mayoritaria por rechazarla, finalmente fue desechada porque no alcanzó el quórum mínimo de 20 votos.
Lo mismo ocurrió con la disposición que permitía a los parlamentarios patrocinar causas que lo atañan a él, a su cónyuge o a sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad, es decir nietos y sobrinos.
Esa norma contó con 13 votos a favor, 12 en contra y 6 abstenciones, y tampoco consiguió reunir 20 votos que se inclinaran por una u otra alternativa, siendo desechada, por lo que los legisladores no podrán patrocinar causas propias o de sus familiares cercanos.
Con todo, lo fundamental de la iniciativa aprobada es que se prohíbe que los diputados y senadores puedan ejercer como abogados patrocinantes o apoderados ante los tribunales de justicia.
Sólo se establece la excepción de que podrán hacerlo en forma gratuita si se trata de la persecución de hechos que constituyan delitos terroristas, de narcotráfico o que hayan sido cometidos por funcionarios públicos contra la probidad. También, en los casos en que decisiones de funcionarios públicos afecten los derechos de las personas y en recursos de protección sobre materias de medio ambiente.
INTENSO DEBATE
Durante la discusión de estas disposiciones- que eran las únicas pendientes para terminar el despacho del proyecto que adecua la Ley Orgánica del Congreso todos los senadores coincidieron en que era importante impedir que los parlamentarios abogados pudieran patrocinar causas ante los tribunales de justicia.
No obstante, los senadores Larraín, Allamand, Espina, Longueira y Chadwick, defendieron la postura de que los parlamentarios- abogados pudieran alegar ante el Tribunal Constitucional, pues argumentaron que si la Ley los faculta para presentar requerimientos ante dicho organismo, lo lógico es que puedan defender sus posturas ante el mismo.
Una posición distinta tuvieron los senadores Gómez, Alvear, Ávila, Vásquez, Gazmuri, Muñoz Barra y Muñoz Aburto, quienes consideran que era mucho mejor para la transparencia, establecer esa incompatibilidad a objeto de evitar presiones o situaciones que se puedan prestar para pensar en un tráfico de influencias.
Esto, porque creen que el hecho de que el Senado participe del nombramiento de dos miembros del Tribunal Constitucional, le resta cierta libertad al parlamentario y al integrante de dicho organismo.
Asimismo, señalaron que el hecho de encontrarse con un abogado legislador patrocinando una causa, podría generar cierta sensación de desventaja frente a los abogados que no ostentan el cargo de senador o diputado.
No obstante, en uno de los puntos en que coincidieron algunos senadores de la Alianza y de la Concertación, fue en la necesidad de impedir que los parlamentarios pudieran defender causas propias o de sus familiares cercanos ante los tribunales. De hecho, fueron los senadores Gazmuri y Longueira quienes pidieron que se votara esa disposición de manera separada, imponiéndose el criterio de ambos.
Durante el debate también se puso en evidencia el hecho de que un gran número de senadores tiene la profesión de abogado, lo que en un momento llevó a algunos parlamentarios que no tienen esa profesión a hablar de una eventual "defensa corporativa". No obstante, ello fue descartado de plano, pues se dejó en evidencia que fue en la propia Comisión de Constitución integrada en su totalidad por abogados- donde se tomó la decisión de establecer estas inhabilidades que no estaban contempladas en ninguna ley.
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RODRIGO GONZALEZ FERNANDEZ
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