El presidente de Portugal, Aníbal Cavaco Silva, envió hoy al Tribunal Constitucional la iniciativa del parlamento para someter a consulta popular la despenalización del aborto en el país. El tribunal analizará si es legal la realización del referéndum previo a una reforma jurídica que autorice la interrupción de un embarazo de hasta de 10 semanas.
Tras el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, el presidente portugués contará con 20 días para decidir si convoca o no al referéndum.
Si se decide por la convocatoria, entonces la consulta popular se efectuará entre los 40 y los 180 días después de su aprobación en la Asamblea de la República, lo cual ocurrió el 19 de octubre.
La iniciativa de despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta las diez semanas es del Partido Socialista (con mayoría absoluta en el gobierno), pero también fue aprobada por el principal partido de la oposición, el Partido Socialdemócrata (PSD) y del Bloque de Izquierda (BE).
El conservador Partido Popular (CDS-PP) se abstuvo y los únicos que votaron en contra fueron los diputados del Partido Comunista (PCP) porque entienden que la ley debía ser alterada en el parlamento y no a través de referéndum.
En 1998 se realizó el primer referéndum para alterar la actual ley y contó con una participación que no superó el 33 por ciento. Venció el 'no' con más de la mitad de los votos.
La diputada socialista Ana Paula Gomes dijo que la sociedad portuguesa es más abierta y está más sensibilizada con el tema por las mujeres que han sido juzgadas en estos últimos años por haber abortado o haber practicado un aborto.
El Partido Socialista desea que la participación de electores sobrepase el 50 por ciento en el referéndum para que el resultado sea obligatorio y proceda una reforma a la ley, agregó.
El diputado José Paulo Carvalho, de la dirección del CDS-PP, consideró innecesario el referéndum, pues la actual ley sirve perfectamente a la sociedad.
Dijo que los portugueses responderán al referéndum de la misma forma que lo hicieron hace ocho años, afirmó.
Las organizaciones pro-vida y pro-aborto tendrán un papel decisivo en el resultado del referéndum.
Almerinda Bento, de la Asociación Unión de Mujeres Alternativa Respuesta (Umar), dijo que en la sociedad portuguesa hay una gran 'hipocresía' ante la existencia de médicos objetores de conciencia pero que realizan abortos clandestinos.
'Queremos que las mujeres no sean perseguidas por haber practicado un aborto', dijo Almerinda. Cada año cruzan la frontera hacia España miles de mujeres para abortar.
Sólo a una clínica de Badajoz, en Extremadura (España) llegan 4.000 mujeres por año. Según Bento, cada año se practican entre 20.000 y 40.000 abortos clandestinos.
La diputada Ana Paula Gomes, del PS, afirmó que 'Portugal no puede asumir la presidencia europea en el segundo semestre de 2007 siendo uno de los países europeos con leyes más restrictivas en materia de aborto'.
En contraste, la Federación Portuguesa de la Defensa de la Vida expresó su rechazo a la realización del referéndum para la despenalización del aborto, el cual es sancionado con tres años de prisión. |
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