ARGENTINA: A LA CORTE PENAL INTERNACIONAL
Madres de "falsos positivos" presentarán demanda ante Corte Penal en La Haya
PL
Madres de 19 jóvenes colombianos ejecutados extrajudicialmente, y luego registrados como guerrilleros caídos en combate, solicitarán a la Corte Penal Internacional que intervenga en el proceso contra los militares acusados de esos crímenes.
Han transcurrido casi cinco años de esos asesinatos, dijeron a periodistas, sin que hasta el momento se haya dictado un solo fallo contra los 33 militares señalados como presuntos ejecutores de esos crímenes, catalogados eufemísticamente como "falsos positivos".
Una de las madres de los jóvenes masacrados alegó que ya están cansadas de la lentitud con que avanza en Colombia el proceso penal contra los uniformados, iniciado hace cinco años.
Cada vez que llegamos a la sala de audiencias, basta cualquier pretexto para que los militares aduzcan "no ha lugar" y las suspendan, arguye, sin que las autoridades judiciales rechacen tales maniobras dilatorias.
Asimismo mostró su preocupación por la actitud de los abogados contratados para representarlas. La mayoría de las veces, señala, no contestan a sus llamadas telefónicas ni aparecen en las audiencias.
Los cadáveres de los jóvenes, quienes radicaban en vida en el municipio de Soacha, en el central departamento de Cundinamarca, fueron encontrados en 2008 en la localidad de Ocaña, en el departamento de Norte de Santander, a 300 kilómetros de distancia.
Allí aparecían reportados como bajas del ejército en operaciones contra grupos armados ilegales. El hecho se destapó por la denuncia del entonces procurador de Soacha, Luis Escobar.
Las madres de las víctimas se pronunciaron contra la aprobación por el Senado y la Cámara de Representantes de la Ley de ampliación del fuero penal militar, por considerar que esta favorecerá el traslado de muchos de esos casos de la justicia ordinaria a la justicia penal militar.
Eso abrirá las puertas a la impunidad, declararon.
Desde el 2008, tras lo ocurrido en Soacha, se desencadenaron las ejecuciones extrajudiciales en otros departamentos colombianos como Antioquia, Boyacá, Huila, Valle del Cauca y Sucre.
A raíz de ello, el comandante de las Fuerzas Armadas, general Mario Montoya, tras renunciar a su cargo, fue nombrado embajador en República Dominicana por el entonces presidente Alvaro Uribe.
En 2009 la Fiscalía General tenía bajo investigación 946 casos de "falsos positivos" y la Procuraduría mil 43.
Sin embargo, a pesar del escándalo suscitado, en febrero de 2010 por lo menos 40 de los militares involucrados en esos homicidios habían sido liberados bajo la figura jurídica de "vencimientos de términos".
Madres de 19 jóvenes colombianos ejecutados extrajudicialmente, y luego registrados como guerrilleros caídos en combate, solicitarán a la Corte Penal Internacional que intervenga en el proceso contra los militares acusados de esos crímenes.
Han transcurrido casi cinco años de esos asesinatos, dijeron a periodistas, sin que hasta el momento se haya dictado un solo fallo contra los 33 militares señalados como presuntos ejecutores de esos crímenes, catalogados eufemísticamente como "falsos positivos".
Una de las madres de los jóvenes masacrados alegó que ya están cansadas de la lentitud con que avanza en Colombia el proceso penal contra los uniformados, iniciado hace cinco años.
Cada vez que llegamos a la sala de audiencias, basta cualquier pretexto para que los militares aduzcan "no ha lugar" y las suspendan, arguye, sin que las autoridades judiciales rechacen tales maniobras dilatorias.
Asimismo mostró su preocupación por la actitud de los abogados contratados para representarlas. La mayoría de las veces, señala, no contestan a sus llamadas telefónicas ni aparecen en las audiencias.
Los cadáveres de los jóvenes, quienes radicaban en vida en el municipio de Soacha, en el central departamento de Cundinamarca, fueron encontrados en 2008 en la localidad de Ocaña, en el departamento de Norte de Santander, a 300 kilómetros de distancia.
Allí aparecían reportados como bajas del ejército en operaciones contra grupos armados ilegales. El hecho se destapó por la denuncia del entonces procurador de Soacha, Luis Escobar.
Las madres de las víctimas se pronunciaron contra la aprobación por el Senado y la Cámara de Representantes de la Ley de ampliación del fuero penal militar, por considerar que esta favorecerá el traslado de muchos de esos casos de la justicia ordinaria a la justicia penal militar.
Eso abrirá las puertas a la impunidad, declararon.
Desde el 2008, tras lo ocurrido en Soacha, se desencadenaron las ejecuciones extrajudiciales en otros departamentos colombianos como Antioquia, Boyacá, Huila, Valle del Cauca y Sucre.
A raíz de ello, el comandante de las Fuerzas Armadas, general Mario Montoya, tras renunciar a su cargo, fue nombrado embajador en República Dominicana por el entonces presidente Alvaro Uribe.
En 2009 la Fiscalía General tenía bajo investigación 946 casos de "falsos positivos" y la Procuraduría mil 43.
Sin embargo, a pesar del escándalo suscitado, en febrero de 2010 por lo menos 40 de los militares involucrados en esos homicidios habían sido liberados bajo la figura jurídica de "vencimientos de términos".
Fuente:ARGENPRESS
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
Diplomado en "Gestión del Conocimiento" de la ONU
Diplomado en Gerencia en Administracion Publica ONU
Diplomado en Coaching Ejecutivo ONU(
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posted by Unknown at 6:54 AM
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