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ES LA HORA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DEL CIUDADANO. DERECHOS HUMANOS + DERECHOS DEL CIUDADANO: September 2011

Wednesday, September 28, 2011

Argentina comienza a debatir leyes sobre una "muerte digna"

Argentina comienza a debatir leyes sobre una "muerte digna"

Buenos Aires, 27 sep (EFE).- Argentina comenzó hoy a debatir la aprobación de la eutanasia con sendas audiencias en el Senado y la Legislatura de Buenos Aires, luego de la conmoción que causó el caso de una pareja que pide una "muerte digna" para su hija de 2 años, en estado vegetativo desde su nacimiento.

Cuatro comisiones de la Cámara alta convocaron hoy a una reunión de la que también participaron profesionales, expertos en bioética y miembros de la Iglesia católica para ofrecer su visión sobre "los cuidados paliativos" y las posibilidades ante situaciones límites en la salud de las personas, explicaron portavoces parlamentarias.

Los senadores presentaron en total cinco proyectos que abordan la modificación de los derechos del paciente, el consentimiento informado, la protección de la calidad de vida frente a diagnósticos médicos y la incorporación del Registro de Voluntad Anticipada para que cualquier persona en buenas condiciones de salud pueda consignar su decisión ante una eventual situación límite, dijeron las fuentes.

"Se trata de que haya una respuesta del Estado a través de una ley que facilite ese trance tan duro. Cada vez hay mas médicos que se dan cuenta de la limitación terapéutica cuando ésta se vuelve cruenta y es una combinación de aparatología y farmacología", evaluó en declaraciones radiales el senador Samuel Cabanchik, uno de los impulsores de la iniciativa.

El legislador de Proyecto Buenos Aires Federal opinó que el Senado debe trabajar para acordar una posición que habilite la aprobación de la medida.

Además, los miembros de tres comisiones de la Legislatura de Buenos Aires iniciaron el debate de diferentes proyectos de ley que establecen la autonomía de las personas para decidir sobre situaciones críticas o irreversibles de salud.

Los cuatro proyectos existentes en el ámbito porteño contemplan las decisiones que pueden tomar los médicas y los procedimientos terapéuticos posibles en esas situaciones.

La discusión sobre la "muerte digna" llegó el mes pasado a las portadas de los diarios con el caso de la pequeña Camila, quien sobrevive conectada a un respirador artificial en el Centro Gallego, de Buenos Aires.

"Camila está en estado vegetativo desde que nació. No llora, no parpadea, no traga, no se mueve. Todos afirman y confirman que el estado de la niña es irreversible", aseguró su madre, Selva Herbon, de 37 años y madre de otra niña de 10.

Dijo que los comités de bioética de entidades públicas y privadas han respaldado su petición de desconectar a Camila, además de apoyar la reactivación de proyectos de ley sobre eutanasia.

En abril de 2009, Camila "nació muerta" en una clínica de la periferia de Buenos Aires, "se la reanimó durante 20 minutos y se la conectó a un respirador artificial. Tuvo una encefalopatía crónica no evolutiva a raíz de falta de oxígeno en el momento del parto por procedencia de cordón umbilical", afirmó Herbon.

Juan Carlos Tealdi, experto en bioética del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, opinó que, a falta de una legislación sobre eutanasia, este tipo de casos "irreversibles" deberían ser resueltos de común acuerdo entre la familia del paciente y los médicos, que "éticamente no están obligados" a mantener un tratamiento que resulta ineficaz.

En marzo pasado, un mes después de reclamar sin éxito la autorización para una "muerte digna", falleció a los 19 años Melina González, quien padecía una enfermedad degenerativa y terminal que la había mantenido durante meses postrada en un hospital de Buenos Aires.

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Rodrigo González Fernández
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nicaragua :Aborto será tema con OEA

Aborto será tema con OEA

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El MAM debatió el tema del aborto en un foro. LA PRENSA/ U. MOLINA

Por Elízabeth Romero

Juana Jiménez, dirigente del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), aseguró que un 63 por ciento de personas abordadas en una encuesta encomendada a la firma M&R consultores, opina que el aborto terapéutico debe ser restituido y no debe sancionarse.

Y más de un 70 por ciento señala que, se debe reformar las leyes que penalizan el aborto terapéutico.

Este 28 de septiembre es la fecha establecida para exigir la despenalización del aborto terapéutico. La encuesta fue efectuada en una muestra de 1,600 encuestados.

Según Jiménez, para siete de cada 10 de los encuestados es un problema personal y para una proporción similar es un problema de principios y valores. Seis de cada 10 lo considera un problema de salud.

El MAM junto al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), y el llamado Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico enviaron una carta al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, para solicitarle sean recibidas durante su visita a Nicaragua. Uno de los temas a abordar es el del aborto terapéutico.

 

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Tuesday, September 27, 2011

Manteniendo la fe en la justicia

R.D. CONGO
Manteniendo la fe en la justicia

Por Emmanuel Chaco

El abogado defensor Nick Kaufman (izquierda) yCallixte Mbarushimana. Kaufman arguye que los fiscales no tienen evidencias contra su cliente. / Crédito:Cortesía CPI
El abogado defensor Nick Kaufman (izquierda) yCallixte Mbarushimana. Kaufman arguye que los fiscales no tienen evidencias contra su cliente.

Crédito: Cortesía CPI

KINSHASA, 26 sep (IPS) - Dentro de dos meses, activistas y sobrevivientes de la horrenda violencia en el este de la República Democrática del Congo (RDC) sabrán si Callixte Mbarushimana será juzgado por crímenes de guerra y contra la humanidad.

Mbarushimana es secretario ejecutivo de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR), movimiento rebelde que operó en el este congoleño desde 2005.

La Fiscalía de la corte lo acusa de haber dirigido a los combatientes del FDLR para que cometieran asesinatos, torturas y violaciones a civiles en las provincias de Kivu del Norte y Kivu del Sur, como estrategia para fortalecer el poder del movimiento en las negociaciones con el gobierno ruandés. Los jueces confirmarán o rechazarán cada una de las 11 acusaciones antes de fines de noviembre.

"Era el eje, el hombre que podía transformar los crímenes cometidos en Kivu en ventaja política en Ruanda", dijo a los magistrados de la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, la fiscal adjunta Fatou Bensouda, en la audiencia de confirmación de cargos el 16 de este mes.

Historia de la audiencia

El 13 de este mes, justo antes de la audiencia de confirmación, el abogado de Mbarushimana, Nicholas Kaufman, solicitó a la CPI que desechara el caso por encontrarse fuera de jurisdicción, arguyendo que el gobierno de la RDC no había señalado claramente que consideraba la crisis en Kivu un asunto de relevancia para ser derivado al tribunal.



En agosto, la Cámara de Asuntos Preliminares había invitado a la RDC que enviara, para el 12 de este mes a más tardar, sus comentarios sobre las objeciones hechas por la defensa a la jurisdicción de la CPI. Pero Kinshasa no contestó.



Ghislain Monga Mabanga, abogado que representa a 63 de las 130 víctimas, sostuvo que el caso ya había sido derivado al tribunal el 3 de marzo de 2004, en una carta en la que el presidente congoleño Joseph Kabila expuso la situación en el país a la Fiscalía.



Numerosos reportes de la Organización de las Naciones Unidas, así como de diversos grupos de la sociedad civil, detallan atrocidades cometidas por el FDLR desde 1994, con millones de víctimas, incluyendo mujeres, niños y ancianos.



"La audiencia da esperanza a miles de víctimas como yo", dijo Nestor Habamungu, profesor de geografía en el Instituto Mwanzo, de Bukavu, en Kivu del Sur.

"Durante una redada del FDLR en Walungu, Kivu del Sur, en febrero de 2005, mis padres fueron asesinados. Combatientes saquearon nuestra casa y quemaron la de nuestros vecinos con tres personas adentro. Yo sobreviví porque me estaba quedando con una familia amiga en una aldea cercana", contó.

"La apertura de esta audiencia fue un paso importante que permitirá hacer justicia a miles de víctimas de graves crímenes cometidos en la parte oriental de la RDC", dijo por su parte Armel Luhiriri Byamungu, coordinador en este país de la Coalición para la CPI, organización internacional de la sociedad civil que trabaja para apoyar y fortalecer el trabajo del tribunal.



Sobrevivientes impacientes

Pero mientras algunos celebran los progresos, otros se preocupan por la lentitud de los juicios. Marie Claire Mwilarhe, profesora en la comuna de Kalamu, en Kinshasha, dijo a IPS que su padre había sido asesinado a machetazos por combatientes del FDLR en Mwegerera, Kivu del Sur, en 2006.

Mwilarhe dijo que, basándose en el juicio de la CPI a Thomas Lubanga Dyilo, arrestado en 2006 y acusado de reclutar niños soldados en el noroeste del país, temía que el largo proceso del tribunal no lograra nada más que desalentar a las víctimas.

"El caso de Thomas Lubanga ha estado pendiente por años", dijo. Las acusaciones fueron confirmadas en enero de 2007, pero el juicio solo comenzó dos años después, y aún está en marcha.

Desiderata Boji, presidenta del grupo Mujeres en Solidaridad por la Paz y el Desarrollo, con sede en Kinshasa, añadió: "Hay muchas víctimas que han muerto mientras tanto sin haber recibido compensación. Su negligencia no alentará a otras víctimas a convertirse en parte civil en los casos ante la CPI o en los casos en el sistema judicial congoleño".



Participación civil obstaculizada

Un comunicado de prensa divulgado el 15 de este mes por la oficina en la RDC de la Coalición para la CPI admitió que había problemas con la participación de las víctimas en el proceso.

El comunicado indicaba que la decisión permitiendo a 130 sobrevivientes participar de la audiencia de confirmación de cargos contra Mbarushimana fue tomada apenas una semana antes de que comenzara en agosto, y que cientos de personas que habían hecho su solicitud quedaron fuera simplemente porque la Oficina del Fiscal y Registro de la CPI no pudo procesar los pedidos de 470 víctimas a tiempo.

Pero el abogado congoleño Maurice Kanyama es más condescendiente con el tribunal. "Más allá de las dificultades impuestas para acceder a las zonas donde se cometieron los crímenes, la limitada participación de víctimas en casos pendientes de la CPI no se debe a la lentitud de la corte", dijo a IPS.

"Principalmente, se debe a la debilidad interna de las organizaciones no gubernamentales que trabajan para identificar a las víctimas en el terreno", sostuvo.

"Las limitaciones de presupuesto ya no son una excusa, pues existe el Fondo de Víctimas, que cubre el costo de la participación y de la representación legal, provisto por los estados miembro (de la CPI) y otros donantes", añadió.



(FIN/2011)


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ABORTO TERAPEUTICO: Propuesta alternativa de Walker sobre aborto terapéutico sorprende a la DC

Propuesta alternativa de Walker sobre aborto terapéutico sorprende a la DC

Senador envió ayer a sus pares un documento donde propone cambiar el Código Sanitario.

por P. García y D. Muñoz
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Reponer un artículo del Código Sanitario que permite la interrupción del embarazo con fines terapéuticos forma parte de la propuesta que ayer envió el presidente de la DC, Ignacio Walker, a los senadores de su partido.

La propuesta del timonel se da en momentos en que la sala de la Cámara Alta debe iniciar, dentro de las próximas semanas, la discusión de tres proyectos de ley que, en lo medular, despenalizan el aborto con fines terapéuticos y eugenésicos. Dichas iniciativas ya fueron aprobadas por la Comisión de Salud del Senado, gracias al voto del DC Mariano Ruiz-Esquide.

El texto alternativo de Walker propone reponer el artículo 119 del Código Sanitario -el cual fue derogado en 1989- y que permite la interrupción de un embarazo con fines terapéuticos.

"Se podrá interrumpir el embarazo cuando haya un riesgo demostrable para la vida de la madre", dice la propuesta de Walker.

Para esto, el timonel propone que se requiera la opinión documentada de dos médicos y, adicionalmente, un informe de la comisión de ética del centro hospitalario. También plantea asistencia sicológica a la madre.

Así, Walker dice que no sólo es innecesario modificar el Código Penal -como lo establece la iniciativa presentada por el senador PPD Guido Girardi, ya que estipula el aborto para casos de violación-, sino que con su propuesta se evitaría utilizar la palabra "aborto" en la legislación.

En este sentido, el texto considera que una de las "ventajas" de hacer un cambio vía Código Sanitario es que "la verdadera" intención de la intervención no va en la dirección de producir la muerte del feto, sino que salvar la vida de la madre.

Hace algunos meses, Walker dijo que este tema "no es un prurito de un progresismo, sino que son temas morales que deben ser encarados".

La propia hija mayor del parlamentario, Elisa, ha instado a legislar sobre el tema, a partir de su experiencia personal, luego de que en Escocia -país en que vivía- médicos le recomendaran la interrupción de su embarazo, a raíz de que su hijo tenía severas malformaciones. Pese a ello, decidió continuar con la gestación, perdiendo a su hijo a los siete meses de embarazo.

En la DC reconocen que el debate del aborto terapéutico ha ocasionado serias diferencias internas y, por lo mismo, han optado por no fijar criterios sobre cómo votar. En ese sentido, senadores de la tienda expresaron ayer en privado algunos reparos a la propuesta de Walker. Algunos consideraron que no iba al fondo del problema, mientras que otros apuntaron a la necesidad de que no exista orden de partido. Con todo, se espera que la mayoría de los senadores voten en contra de las iniciativas en trámite.

La bancada se reunió ayer con un grupo de médicos, que expuso los alcances de la actual legislación y sus eventuales cambios.


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Saturday, September 24, 2011

Son los Derechos Humanos una responsabilidad de la empresa? Segunda Parte

por Luis   

En el mundo académico cuando el título del artículo incluye una pregunta,  la respuesta no debe ser obvia.  En este caso la respuesta lo es, pero es 
también obvio que con decir SI no basta.  De la discusión anterior debe  haber quedado claro lo controversial del tema y la oposición que pusieron  algunos gremios empresariales.  Sí es relevante entonces discutir qué papel 
le corresponde a la empresa en la salvaguarda de los derechos humanos y  como lo puede cumplir.
En la Primera Parte de este artículo comentábamos el reciente respaldo que  los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos: puesta  en práctica del marco de las Naciones Unidas para "proteger, respetar y 
remediar"  recibieron por parte del Consejo de las Naciones Unidas sobre  los Derechos Humanos.   En esta parte analizaremos en más detalle las  implicaciones para las empresas, en la tercera parte las acciones  necesarias para apoyar la adopción e implementación de los Principios  Rectores y en la cuarta parte las implicaciones para la inversión 
socialmente responsable.
A pesar del respaldo del Consejo, integrado por representantes de 47  países, y del extenso proceso de consulta involucrado en su preparación,  los Principios Rectores has recibido críticas, mayormente de las   organizaciones de Derechos Humanos (por ejemplo Human Rights Watch
Amnistía Internacional)  y de algunos países (por ejemplo Ecuador, producto   de su larga disputa con algunas empresas petroleras), que alegan que los 
Principios son muy débiles, que debieron ser de aplicación obligatoria. 
Para que ello fuera así, debieron haberse presentado con otro lenguaje,  haber sido aprobados por la Asamblea General y después ratificados por los 
países.  En la actual situación son guías de comportamiento, respaldadas, 
no aprobadas, por el Consejo, no fueron sometidos a la Asamblea General, y  no serán ratificadas por los países.  El intento anterior de hacerlo así 
fracasó.
Esta precepción se corrobora al constatar que algunas organizaciones  empresariales y empresas han expresado su respaldo al proceso y al  resultado de unos principios-guías de aplicación voluntaria.  Ambas 
reacciones son lo que cabría esperar de un proceso que había comenzado con 
un intento de obligatoriedad y que fue rechazado por los grupos 
empresariales y que termina con un proceso voluntario.
En el apoyo expresado en la carta conjunta de la Organización Internacional  de Empleadores, la Cámara de Comercio Internacional y el Business and  Industry Advisory Comittee a la OCDE, es sumamente ilustrativo en el 
siguiente párrafo (traducción y énfasis añadido por el suscrito):
Así, nuestras organizaciones respaldan enfáticamente la recomendación del  RESG (Representante especial del Secretario General) de un mecanismo de  seguimiento basado en un esquema de multi-stakeholders enfocada en el  fortalecimiento institucional  y el intercambio de información.  Este  enfoque de multi-stakeholder permitirá mantener el involucramiento de las 
empresas en la implementación de los Principios al asegurar que las  empresas tienen el espacio y tiempo necesario para aplicar los principios 
de tal manera que reflejen sus circunstancias particulares.
También era de esperar esta reacción.   Las empresas abogan por un  intercambio de información y fortalecimiento de las instituciones, que en 
este campo pueden ser débiles, y por tiempo y espacio para adaptarlos a las  circunstancias de cada empresa.  Por definición los principios no pueden 
aplicar a todos los casos, en todo momento y debe entenderse que ni las  empresas ni las instituciones estarían listas para implementarlo todo  inmediatamente.  Esto no quiere decir que las empresas rechazan la  aplicación de los principios, sino que piden hacerlo gradualmente.
Esta solución parece moverse hacia el pragmatismo.  La clave estará ahora  en los mecanismos de supervisión y seguimiento que las instituciones, en  especial las dedicadas a los derechos humanos, hagan de las empresas.  Como  comentábamos en la parte anterior estas instrucciones y stakeholders
tienen ahora unos principios que pueden guiar esta supervisión y las  empresas saben lo que deberían hacer.  Hay muchas menos excusas para  esconderse detrás de la ignorancia.  A lo mejor no es ideal, pero es un  gran progreso.  Estos Principios también permitirán a los funcionarios, al 
interior de las empresas, encargados de los temas de RSE, tener buenos  argumentos para obtener el apoyo de la alta gerencia y de los consejos de  administración en la implementación de prácticas responsables.
Estos Principios representan un movimiento de lo negativo de "delatar y  atemorizar" hacia uno positivo de "conocer y demostrar".  Una parte  esencial de los Principios lo constituye el proceso de verificación.  Las 
empresas deberán demostrar que tienen políticas y procedimientos para 
analizar el impacto de sus actividades en los derechos humanos y tomar las 
acciones pertinentes.  Esto incluye:
Determinar      los      impactos actuales y potenciales;  Integrar     
y actuar en base a los resultados; y  Supervisar,      controlar y 
comunicar sobre cómo se están tomando en cuenta los      impactos.
En la actualidad hay más de 80.000 empresas calificadas como 
transnacionales, pero de acuerdo con la lista del Business and Human Rights 
Resource Center's solo 271 empresas tienen políticas de derechos humanos. 
Hay mucho camino por recorrer pero los principios muestran ese camino[1].
Al respaldar los Principios en junio de 2011, el Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU creó un grupo de trabajo para promover su efectiva e 
integral diseminación e implementación.
Estos Principios deben verse como el comienzo de un largo proceso, donde 
progresivamente se irán consolidando y como en otros casos, pueden llevar a 
legislaciones o regulaciones nacionales, coordinadas internacionalmente, 
regionalmente (Europa, por ejemplo) o a nivel de países individuales.  Los 
Principios, que ahora podríamos llamar "soft legislation", de aplicación 
voluntaria, eventualmente se pueden convertir en "hard legislation", como 
ha ocurrido con otros casos[2].   La opción de hacerlo ahora no fue 
factible.
De hecho, el equipo comisionó un estudio de las legislaciones nacionales en 
39 países a fin  de determinar el respaldo que podían tener en 
legislaciones corporativas existentes (por ejemplo en las de mercados de 
capitales y códigos de comercio), en cuanto a obligaciones de las empresas 
con la sociedad, responsabilidades de los directores,  reportes e 
involucramiento de los stakeholders.  Los resultados fueron muy poco 
halagadores.  Las legislaciones nacionales prácticamente no cubren estos 
temas (Ver el Addendum a los Principios Rectores).
Mientras tanto, ¿qué se puede hacer para apoyar la adopción e 
implementación de los Principios?  Trataremos de responder esta pregunta en 
la Tercera Parte de esta serie de artículos[i]          [i] Agradezco a 
Maria Prandi la invitación que me hizo para participar en el taller 
Business and Human Rights: What´s Next, organizado por la Escola de Cultura 
de Pau de la Universidad Autónoma de Barcelona y el ESADE, que dio lugar a 
estos artículos.
[1] Blog de Marcy Murninghan Human Rights: A Moral and Material 
Business Concern, del 30 de junio de 2011.  [2] Ver Vives, A., Retos para 
las estrategias de responsabilidad de las empresas multinacionales, en 
Helena Ancos, compiladora, 2011, La Responsabilidad Social Corporativa y 
sus Actores: Mitos y Desafíos de la RSC", Instituto Complutense de Estudios 
Internacionales, Serie Estudios e Informes nº 5, Madrid.



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Friday, September 16, 2011

Aborto: ¿cuál es el debate?

Aborto: ¿cuál es el debate?

Tiene razón el senador Rossi en instar por una discusión que aclare las diferencias, pero eligió el camino errado.

por Francisco Javier Urbina - 16/09/2011 - 04:00 LATERCERA.CL

¿QUE JUSTIFICA legalizar el aborto terapéutico? Si lo que se quiere es que el médico pueda realizar un tratamiento para salvar la vida de la madre, entonces se permitiría algo que ya lo está. Frecuentemente, se realizan tratamientos de este tipo, aun cuando pongan en riesgo la vida del que está por nacer, como lo reconoció en estas páginas el senador Fulvio Rossi. Entonces, ¿cuál es el problema? El senador parece creer que esta práctica sería ilegal, al señalar que "somos campeones del eufemismo". Por eso, en opinión de algunos, no sería necesario legislar para estos casos en los cuales se hace vista gorda a nuestras leyes".

Esto es un error. Es la misma ley la que exige para el aborto el requisito de que sea causado "maliciosamente", lo que excluye los tratamientos requeridos para salvar la vida de la madre, los cuales no deben ser (ni son en la práctica) calificados de "maliciosos". Así, pareciera que un cambio en la legislación no mejoraría la mortalidad materna en nuestro país, que por lo demás, tiene los mejores estándares de América Latina.

La actual regulación ha logrado algo importante y difícil: producir una práctica que respeta la complejidad de las exigencias de justicia en este tipo de casos, tanto de no matar directamente al feto, como de permitir la aplicación de tratamientos necesarios para salvar a la madre. En el mejor de los casos, una nueva ley lograría lo mismo. Pero éste no es el tipo de cosas con las que convenga apostar.

Tema distinto es el aborto eugenésico. Aquí lo que justificaría el aborto sería la grave enfermedad del hijo, no de la madre. La ex senadora Matthei argumentaba: "¿Por qué en el caso de un adulto se considera que la falta absoluta de actividad cerebral significa que esa persona está muerta y, en cambio, se considera vivo a un feto que no tiene cerebro?". En realidad, el criterio de muerte es el mismo para todos, pero no es cierto que quienes padecen anencefalia, ni menos todos los "inviables", estén muertos. Si lo estuvieran, entonces ya no podría haber aborto y el proyecto sería innecesario. Pero en muchos casos no lo están y por eso la ley hace bien en protegerlos.¿Y qué hay del argumento de que un embarazo de este tipo sería muy gravoso para la madre? Sin duda lo es. Y no se debe escatimar medios para aliviar su dolor. Pero nadie aceptaría que todos los medios son legítimos. ¿Y qué medio puede ser más ilegítimo que matar a un inocente, aun cuando esté enfermo?

Es aquí donde está el verdadero debate. Tiene razón el senador Rossi en instar por una discusión en que se aclaren las diferencias, pero eligió el camino equivocado. Porque parte del proyecto que él defiende es innecesario, y el resto sólo se podría justificar si uno asumiera que matar al que está por nacer no es una grave injusticia. Pero para nuestro derecho, el aborto merece ser castigado.
Lo más honesto sería que quienes discrepan de la concepción que hoy está en la legislación mostraran las cartas y dejaran de argumentar desde las hipótesis de impacto emocional, para llevar el debate adonde están las verdaderas diferencias: en sí el aborto, a secas, es una injusticia tan grave o no.


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Karla Rubilar y el aborto terapéutico: ''Como tengo un convencimiento voy a votarlo a favor'' La Prueba de ADN | 09/15/2011

Karla Rubilar y el aborto terapéutico: ''Como tengo un convencimiento voy a votarlo a favor''
 
 La Prueba de ADN | 09/15/2011
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La diputada de Renovación Nacional, Karla Rubilar, criticó en la Prueba de ADN la decisión del partido oficialista de generar un voto político respecto a la discusión en el Congreso Nacional del proyecto de ley sobre aborto terapéutico, y dijo que "se somete a votación, por primera vez, en un voto político un tema valórico. Y a mí me parece que eso es quebrar el espíritu de RN".

Respecto a su opción de aprobar la iniciativa legal, la parlamentaria explicó en ADN Radio Chile que "siempre voy a ser médico. Voy a dejar de ser diputada, pero nunca voy a dejar de ser médico. Y como tengo un convencimiento en esta materia, voy a votarlo a favor. Y yo no puedo pasar a llevar, si esto es así, a todas estas instancias que yo respeto muchísimo de mi partido, y, por tanto mi voto a favor tiene que ser desde la independencia, por un tema de respeto".

Sobre la decisión de la agrupación política, la congresista reflejó la diferencia de interrumpir una concepción con riego para la mujer: "Creo que no hay ningún militante de Renovación Nacional que esté a favor del aborto a secas, en cualquier circunstancia. No creo que haya ni uno, para ser honesta. Pero este tema del aborto terapéutico tiene muchos matices, que habla mucho de un tema que tiene que ver con la vida de las personas, de cómo uno salva vidas interviniendo a tiempo, como es el caso del riesgo de la vida de la madre".

Al finalizar, Rubilar advirtió que "uno de los llamados más imperiosos que yo hago es a no perder el ADN de Renovación Nacional. Si nosotros terminamos convirtiéndonos en un partido que es casi símil a la UDI; pierde toda la heterogeneidad la Coalición. Pierde la capacidad de perder. Pierde ese plus que tiene RN de ser el partido de los acuerdos, el partido donde caben otras personas".

Fuente:ADN

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Wednesday, September 14, 2011

Víctimas de sacerdotes denuncian al Papa por abusos sexuales

Víctimas de sacerdotes denuncian al Papa por abusos sexuales

El grupo con sede en Nueva York señala que es responsable de los últimos encubrimientos de violaciones y crímenes sexuales contra niños realizados por religiosos en todo el mundo

Benedicto XVI, Abuso sexual, Violación sexual
(Foto: Reuters)

La Haya (AP). Las víctimas de abusos sexuales por parte de religiosos, disgustadas de que ningún dignatario católico de alto rango haya sido juzgado por encubrir a sacerdotes culpables, apelaron el martes a la Corte Internacional de Justicia para exigir una investigación al Papa y altos cardenales del Vaticano por posibles delitos de lesa humanidad.

El Centro de Derechos Constitucionales, un grupo legal sin fines de lucro con sede en Nueva York, solicitó la investigación en nombre de la Red de Sobrevivientes, argumentando que la Iglesia ha mantenido "un prolongado y dominante sistema de violencia sexual" pese a las promesas de erradicar expeditivamente a los culpables.

CONTRA EL PAPA
La denuncia nombra al papa Benedicto XVI, parcialmente por haber dirigido en el pasado la Congregación para la Doctrina de la Fe, que en el 2001 recibió la responsabilidad de supervisar los casos de abusos; el cardenal William Levada, actual director de esa congregación; el cardenal Angelo Sodano, secretario de estado durante el papado de Juan Pablo II, y el cardenal Tarcisio Bertone, actual titular de ese cargo, el segundo en jerarquía en el estado del Vaticano detrás del pontífice.

Los abogados de las víctimas dicen que la violencia sexual y la tortura son considerados crímenes de lesa humanidad según el tratado internacional por el que se rige el tribunal. La denuncia también acusa a funcionarios del Vaticano de crear políticas que perpetuaron el daño, equivalentes a un ataque contra la población civil.

ALZAN VOZ DE PROTESTA
Barbara Blaine, presidenta del grupo Red de Sobrevivientes de Abusados por Sacerdotes, con sede en Estados Unidos, dijo que apelar ante el tribunal era un último recurso.

"Hemos tratado todo lo imaginable para hacerlos detener y no resultó", dijo a la Associated Press. "Si el Papa lo deseara, podría tomar una medida enérgica en cualquier momento para ayudar a proteger a los niños hoy y en el futuro, y se niega a tomarla".

La probabilidad de que el tribunal investigue el caso son mínimas. El fiscal ha recibido casi 9.000 propuestas independientes de investigaciones desde el 2002, cuando fue creado como el único tribunal permanente para crímenes de guerra, y nunca ha abierto una investigación formal basada solamente en un pedido de ese tipo.

En cambio, el fiscal argentino Luis Moreno Ocampo ha investigado delitos como genocidio, asesinato, violación y reclutamiento de niños como soldados en conflictos que van desde Darfur, en Sudán, hasta la violencia de este año en Libia. Estos casos han sido remitidos al tribunal por los países donde se cometieron las atrocidades o por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Por otra parte, la Santa Sede no es estado miembro de la corte, lo que significa que los fiscales no tienen jurisdicción automática allí, aunque la denuncia abarca casos de abusos en distintos países, muchos de los cuales reconocen la jurisdicción de ese tribunal.


     

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    El no nacido como paciente

    José María Pardo, médico y teólogo de la Universidad de Navarra, ha publicado el libro El no nacido como paciente. El volumen recoge las principales conclusiones y propuestas de su tesis doctoral, dirigida por Mons. Ignacio Carrasco de Paula, presidente de la Pontificia Academia Para la Vida.

    Según explica el autor, la obra consta de seis capítulos. En el primero se abordan algunos hechos históricos de la medicina prenatal y el contexto en el que surgieron las primeras cuestiones éticas en torno a la vida del no nacido. En el segundo, se propone la consideración del embrión-feto humano como individuo de la especie humana. El tercero describe las técnicas diagnósticas y terapéuticas de la medicina prenatal, así como sus implicaciones éticas.

    Posteriormente, el cuarto capítulo analiza el uso que se pueden dar a los procedimientos diagnósticos en la Medicina prenatal, el quinto se centra en la relación médico-gestante-concebido y el sexto aborda dos caras de la medicina perinatal: los nacimientos extremadamente prematuros y la eutanasia neonatal.


     

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    Monday, September 12, 2011

    Carlos Larraín reitera que Presidente Piñera vetará proyectos sobre aborto terapéutico

    Carlos Larraín reitera que Presidente Piñera vetará proyectos sobre aborto terapéutico

    Timonel de RN aseguró que el Mandatario hizo un "compromiso firme" frente al tema.

    por:  La Segunda Online
    lunes, 12 de septiembre de 2011

    El presidente de RN, senador Carlos Larraín, ratificó que la disposición del Presidente Sebastián Piñera es vetar cualquier proyecto de ley que se refiera a algún tipo de aborto. Esto, luego de que la comisión de Salud del Senado aprobara la idea de legislar tres proyectos que incluyen el aborto terapéutico.

    El parlamentario aseguró que el Mandatario se reunió la semana pasada con el alcalde de Ñuñoa, Pedro Sabat, quien le solicitó aplicar el veto, y el "Presidente aseguró de que si llegara a aprobarse un proyecto de aborto, cualquiera que sea el apellido, él lo va a vetar. Eso me parece que es un compromiso firme".

    Respecto a la votación que harán como bloque, Larraín afirmó que "el 99% de la gente que milita en el partido está en contra del aborto, con o sin apellido".

    "Creo haber oído la opinión de un diputado hace algún tiempo, pero pienso yo que con mejor estudio se va a entender que el aborto terapéutico es una manera de presentarlo no más, así más atractiva, pero que tiene entre otras cosas, un elemento de depuración desde la especie, lo que se llama eugenesia, que lo hace ser muy peligroso. Entonces, la opinión me parece aplastante en Renovación Nacional en contra del aborto con o sin adjetivos que lo dulcifiquen", añadió el senador, según consigna radio ADN.

    Larraín recalcó que "el veto es un recurso que tiene el Ejecutivo, que vale tanto la opinión del Ejecutivo como la opinión del Legislativo en la configuración de las leyes, o sea de democrático 100%".


    Fuente:

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    CORTE SUPREMA RECHAZA RECURSO DE PROTECCIÓN EN CONTRA DE MULTA POR CONTRATACIÓN DE EXTRANJEROS EN EL PAÍS

    CORTE SUPREMA RECHAZA RECURSO DE PROTECCIÓN EN CONTRA DE MULTA POR CONTRATACIÓN DE EXTRANJEROS EN EL PAÍS


    La Corte Suprema rechazó el recurso de presentado por la empresa  Frutales y Viñedos Errázuriz Ovalle S.A., en contra de la resolución de la Intendencia de la Región de O'Higgins que le aplicó una multa por mantener a extranjeros en el país laborando sin contrato.
     

    En fallo unánime (causa rol -2011), los  ministros de la Tercera Sala del máximo tribunal Héctor Carreño, Haroldo Brito, María Eugenia Sandoval y los abogados integrantes Jorge Lagos y Patricio Figueroa ratificaron el fallo de la Corte de Apelaciones de Rancagua que el 10 de agosto rechazó la medidad cautelar en contra de la determinación de la Intendencia de O'Higgins que le aplicó un multa de $9.237.697 por las labores que cumplían ocho extranjeros en el país.
     

    El fallo estima que la Intendencia actuó en el marco de sus facultades para aplicar la sanción señalada  y que no hubo actuación arbitraria de su parte.
     

    "Debe consignarse además que tanto el artículo 79 del D.L. 1094, como el artículo 159 del Reglamento de extranjería, señalan que ante la constatación de la infracción y con el mérito de los antecedentes que la justifiquen, la Intendencia tiene la atribución de sancionar tal hecho, con  lo que cae la alegación de la recurrente en torno a que no se siguió un procedimiento administrativo en la adopción de la resolución impugnada", dice el fallo.
     

     

    Y agrega que: "a mayor abundamiento, no se percibe que el acto de la recurrida haya conculcado el derecho a la igualdad ante la ley, pues no se vislumbra una aplicación discriminatoria de ésta, frente a una situación de iguales características; así como tampoco se puede concluir que se vulnerara la garantía no ser juzgado por comisiones especiales, toda vez que la intendencia ejerció las atribuciones que la ley le regula".

    CORTE SUPREMA RECHAZA RECURSO DE PROTECCIÓN EN CONTRA DE MULTA POR CONTRATACIÓN DE EXTRANJEROS EN EL PAÍS


    La Corte Suprema rechazó el recurso de presentado por la empresa  Frutales y Viñedos Errázuriz Ovalle S.A., en contra de la resolución de la Intendencia de la Región de O'Higgins que le aplicó una multa por mantener a extranjeros en el país laborando sin contrato.
     

    En fallo unánime (causa rol -2011), los  ministros de la Tercera Sala del máximo tribunal Héctor Carreño, Haroldo Brito, María Eugenia Sandoval y los abogados integrantes Jorge Lagos y Patricio Figueroa ratificaron el fallo de la Corte de Apelaciones de Rancagua que el 10 de agosto rechazó la medidad cautelar en contra de la determinación de la Intendencia de O'Higgins que le aplicó un multa de $9.237.697 por las labores que cumplían ocho extranjeros en el país.
     

    El fallo estima que la Intendencia actuó en el marco de sus facultades para aplicar la sanción señalada  y que no hubo actuación arbitraria de su parte.
     

    "Debe consignarse además que tanto el artículo 79 del D.L. 1094, como el artículo 159 del Reglamento de extranjería, señalan que ante la constatación de la infracción y con el mérito de los antecedentes que la justifiquen, la Intendencia tiene la atribución de sancionar tal hecho, con  lo que cae la alegación de la recurrente en torno a que no se siguió un procedimiento administrativo en la adopción de la resolución impugnada", dice el fallo.
     

     

    Y agrega que: "a mayor abundamiento, no se percibe que el acto de la recurrida haya conculcado el derecho a la igualdad ante la ley, pues no se vislumbra una aplicación discriminatoria de ésta, frente a una situación de iguales características; así como tampoco se puede concluir que se vulnerara la garantía no ser juzgado por comisiones especiales, toda vez que la intendencia ejerció las atribuciones que la ley le regula".

     



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