Esperan acuerdo en marzo sobre proyecto que tipifica delitos de lesa humanidad y genocidio
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Un amplio consenso en torno al proyecto de ley que tipifica en la legislación chilena los delitos de lesa humanidad, de genocidio y crímenes de guerra, existe entre los diversos sectores vinculados a la materia, según informó el senador Hernán Larraín al término de una reunión con el Ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo.
"Habíamos acordado que a través de una comisión técnica pudiéramos llegar a acuerdo en un texto y hemos podido constatar que hay un 98 o 99% de acuerdo, pero que falta un esfuerzo adicional, que por la cooperación que hemos tenido hoy día, es posible", señaló el legislador.
Asimismo, manifestó que previo a la aprobación del tratado que crea la Corte Penal Internacional es fundamental que nuestro país cuente con una legislación que tipifique los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra.
Consultado respecto a las diferencias que existen en torno a la iniciativa, el senador Larraín explicó que ellas dicen relación con "posibles interpretaciones que pudieran darle una extensión que tuviese interferencia en procesos hoy día vigentes y esperamos que esto se apruebe, porque no queremos que en Chile en el futuro haya ningún vestigio de delitos de esta naturaleza y si el Estado de Chile falla en su sanción, lo que queremos es que sean corregidos por la Corte Penal Internacional, pero para ello tenemos que establecerlo en Chile y esa es la legislación que hemos propuesto".
EVITAR INTERFERENCIAS
El senador Larraín precisó que "lo que buscamos es evitar que la aprobación de la Corte Penal se traduzca en una interferencia en los procesos que hoy día se están llevando adelante en materia de Derechos Humanos. Ni que los favorezca ni que los perjudique, porque creemos que se trata de una materia distinta, pensando en el futuro".
El legislador señaló que el ex ministro Enrique Cury está coordinando el trabajo de la comisión técnica y "esperamos, en marzo, tener un texto que nos guíe al feliz entendimiento de todos los interesados, porque si eso ocurre ya podemos darle mayor rapidez a la aprobación de este proyecto en nuestro país".
Asimismo, dijo que en una vez que se apruebe la iniciativa que tipifica los delitos en la legislación chilena, se podría avanzar hacia la aprobación del tratado que reconoce la creación de la Corte Penal Internacional en Chile.
Rodrigo González Fernández
DIOPLOMADO EN RSE DE LA ONU
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posted by Unknown at 6:18 AM
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Para nadie es un misterio que muchos ex funcionarios de las fuerzas armadas, de orden y de seguridad, han sido procesados y condenados por supuestas violaciones a los derechos fundamentales. No es tampoco una sorpresa que frente a los problemas que acarrea el paso del tiempo y a la dificultad de probar ciertos hechos, se haya echado mano a alambicadas deducciones con que se pretende dejar sin aplicación la prescripción penal e incluso, debilitar la presunción de inocencia.
Sin embargo, los procesos judiciales que inspirados en estas ideas, pretenden proteger los derechos
Pues bien, el procedimiento que sirve para decidir si se ha de castigar o no, fue sustituido el 16 de septiembre de 1997 con una curiosa reforma constitucional: el nuevo procedimiento penal sólo puede ser aplicado a los hechos acaecidos con posterioridad a su entrada en vigencia. De esta forma, se impidió aplicar la reforma procesal penal a los procesos por violaciones a los DD. HH., aún a los no iniciados.
Irónicamente, una segunda paradoja podría resolver insospechadamente este problema en otro caso de aplicación de un medio discutible para hacer justicia: la aplicación de la figura del secuestro como delito de consumación permanente para condenar a quienes han detenido a personas desaparecidas. Según se ha pretendido deducir de esa premisa, los secuestros de que se acusa a los ex funcionarios estatales teóricamente siguen consumándose. Sin embargo, un delito que se está consumando consiste en un hecho presente (no de otro modo se ha eludido la prescripción). Entonces, nada más fácil, si esos hechos son presentes, es que acaecen con posterioridad a la entrada en vigencia de la reforma procesal penal, de modo que las normas orgánicas y procesales de dicha reforma debieran serles aplicables.