DESDE EL UNIVERSAL,MEXICO: NUESTROS NIÑOS
| Nuestros niños Julián López Amozurrutia 1 de marzo de 2007 |
El reciente proyecto de decreto aprobado por el Senado y enviado al Ejecutivo por el que se reforman disposiciones del Código Penal Federal en materia de explotación sexual infantil no puede sino ser visto con buenos ojos. Un notable indicador de desarrollo cultural es el cuidado que una sociedad garantiza a sus niños, a sus ancianos y en general a sus habitantes más desprotegidos. El documento del Senado introduce atinadamente la motivación de las modificaciones al señalar que en ellas "se columbra el superior propósito de garantizar la protección permanente de la libertad y el sano desarrollo de la personalidad de los menores de 18 años de edad o de quienes no tienen la capacidad de comprender el significado de algún hecho que dañe o ponga en peligro su integridad física o corrompa su mente y su cuerpo, o bien, de quienes no tengan la capacidad de resistirlo; personas que por su insuficiente madurez emocional carecen de la experiencia o aptitud necesarias para determinar libremente su conducta". Con ello se ha puesto a la ley en su digno marco de una valoración ética. La sociedad tiene una responsabilidad delante de aquellos que carecen de la capacidad de comprender el alcance de realidades que pueden lastimar su integridad física o mental y su sano desarrollo. De hecho, esta justificación debe abrirnos los ojos delante de mecanismos sociales que de manera más sutil pero igualmente nefasta pervierten a los menores de edad. Hay, por ejemplo, imágenes en ciertos anuncios comerciales que impactan y perturban el equilibrio emocional de niños y adolescentes, y que sin ningún tipo de recato se colocan en lugares públicos o se difunden en horarios familiares. Recuerdo hace unos días haber visto a un grupo de púberes que miraban con fascinada curiosidad los carteles publicitarios de una "exposición" de temática obscena, misma que, por cierto, fue igualmente seguida con divertida superficialidad por programas televisivos de entretenimiento y noticiarios. El documento del Senado señala correctamente que se trata de una "lucha frente a un fenómeno criminal que se manifiesta en sus más altos grados de perversidad". La corrupción de un menor de edad es, en efecto, aberrante. Y hay que decir que también es aberrante que se comercialice el tema y que personajes advenedizos quieran treparse con fines de lucro sobre lo que son tragedias humanas. Delante de esta depravación, hoy sufrimos que se desacredite a maestros, médicos, sacerdotes y padres de familia ejemplares por los casos existentes, al grado de que hemos llegado a un cierto "linchamiento gremial". No tiene la culpa quien desconfía, sino quien sembró la desconfianza. Y es urgente que quienes ocupan un rol de autoridad de cualquier tipo en la sociedad puedan recuperar la credibilidad. La legislación ha de ayudarnos, también, a reconocer a los verdaderos criminales. Se ha señalado, con razón, que existe una imprecisión en la ley cuando habla de la "destitución e inhabilitación" por un periodo determinado del "cargo o comisión o cualquiera otro de carácter público o similar" en el caso de personas que tienen con la víctima una relación laboral, docente, doméstica, médica o de otro tipo de subordinación, así como de quien sustente una función pública o quien sea ministro de culto. En el último caso, el Estado no puede determinar quién es y quién no es sacerdote. De cualquier modo, la ley evidencia que existe una responsabilidad pública en el ejercicio de la función de un ministro de culto, y, en última instancia, estos puntos no quitan nada a la fundamental bondad de la ley. teyamoz@prodigy.net.mx Sacerdote y teólogo católico |
RODRIGO GONZALEZ FERNANDEZ
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Renato Sánchez 3586 dep 10
Santiago, Chile
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