| Bahrein Establecerá defensor de pueblo independiente de Gobierno |  |  |  |
| Escrito por Ulises Canales |
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 28 de febrero de 2012, 13:05Manama, 28 feb (PL) El Gobierno de Bahrein ratificó hoy que establecerá un Defensor del Pueblo u Ombudsman, desvinculado del ámbito del Ministerio del Interior, para supervisar y conducir investigaciones sobre violaciones de los derechos humanos.
La decisión se divulgó este martes por el sitio digital gubernamental Bahrain Action, y responde a una de las múltiples recomendaciones hechas por la Comisión de Investigación Independiente que indagó sobre la represión de la monarquía a opositores chiitas.
Un panel encabezado por el juez egipcio Cherif Bassiouni concluyó que la policía afín al rey Hamad bin Isa Al Khalifa empleó la fuerza excesiva contra los manifestantes opositores que tomaron las calles en febrero y marzo de 2011 para exigir reformas democráticas.
El informe concluyó que las fuerzas de seguridad bahreiníes torturaron a opositores, abusaron de los detenidos, irrespetaron sus derechos, amenazaron con violarlos y practicaron arrestos ilegales.
La pesquisa, que duró cinco meses, confirmó que la represión de la policía causó 35 muertos y cientos de heridos, muchos aún con secuelas.
A raíz del reporte, las autoridades dijeron comprometerse con contrarrestar la mala imagen de la policía y la falta de confianza de la ciudadanía en un país con población mayoritaria chiita, aunque gobernado por una minoría sunnita.
El pasado 30 de enero, el Ministerio del Interior aprobó un nuevo código de conducta para la policía, diseñado con asesoría foránea, pese a que días después volvió a cargar contra manifestantes que conmemoraron el primer aniversario del alzamiento.
Por otro lado, activistas de derechos humanos criticaron hoy al gobierno de Manama por utilizar su sistema de justicia para acosar a opositores, y denunciaron que los juicios contra activistas anti-monárquicos fueron inconsistentes.
El régimen de Al-Khalifa llevó a los tribunales a cientos de manifestantes, básicamente figuras de la oposición que protagonizaron las revueltas del año pasado y médicos que brindaron asistencia a los heridos en las demostraciones chiitas.
A raíz del informe Bassiouni, el gobierno remitió en noviembre pasado a cortes civiles muchos acusados que estaban sujetos a tribunales militares en los que los delitos contra el Estado suelen implicar severas condenas de cárcel.
mgt/ucl |
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Saludos
Rodrigo González Fernández
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