Hemisferio Occidental en informe de derechos humanos 2008
Hemisferio Occidental en informe de derechos humanos 2008
(Se resalta la situación de los derechos humanos en Bolivia, Colombia, Cuba, Guatemala, Nicaragua y Venezuela) (1613)
"Los gobiernos de la región siguieron ocupándose de las anteriores violaciones de los derechos humanos y dirigieron sus esfuerzos a garantizar la justicia para las víctimas y terminar con la impunidad", dice la sección correspondiente al Hemisferio Occidental en la introducción del informe de derechos humanos 2008.
A continuación una traducción de esta sección:
(comienza el texto)
Introducción del informe por países sobre prácticas de derechos humanos 2008
[...]
Hemisferio Occidental
Los gobiernos de la región siguieron ocupándose de las anteriores violaciones de los derechos humanos y dirigieron sus esfuerzos a garantizar la justicia para las víctimas y terminar con la impunidad. En Colombia, varios oficiales comandantes estaban bajo investigación por graves violaciones de los derechos humanos. La Oficina del Procurador General investigaba a 27 oficiales militares, entre ellos tres generales y cuatro coroneles, dados de baja de las fuerzas armadas a fines de octubre por su supuesta participación en el asesinato de once jóvenes de Soacha, cerca de Bogotá. En Argentina y Chile continuaron varias investigaciones, y se dictaron varios fallos en casos relacionados con los abusos cometidos en las décadas de 1970 y 1980. En Perú, el Estado prosiguió los enjuiciamientos contra el ex presidente Fujimori y otros ex funcionarios del gobierno, por corrupción y graves violaciones de los derechos humanos. Equipos de antropología forense exhumaron los restos y comenzaron a identificar los cadáveres de centenares de personas víctimas de desapariciones forzosas o masacradas y enterradas en tumbas clandestinas durante las décadas de 1980 y 1990. En Guatemala, la Comisión de las Naciones Unidas contra la Impunidad prosiguió con su investigación de quince casos sobresalientes de derechos humanos relacionados con muertes de mujeres, asesinatos de conductores de autobuses, trata de personas, y ataques y asesinatos de sindicalistas obreros y defensores de los derechos humanos.
En general, las instituciones electorales del Hemisferio Occidental mantuvieron la independencia y el rigor que habían alcanzado en años recientes. Varios procesos electorales, como las elecciones presidenciales en Paraguay, las elecciones internas de candidatos a la presidencia en Honduras y los referendos en Bolivia y Ecuador, se consideraron, en general, libres e imparciales. Sin embargo, hubo excepciones. En Nicaragua, las elecciones municipales se vieron empañadas por el fraude generalizado, la intimidación y la violencia. En Venezuela el contralor general declaró inadmisibles, debido a infracciones administrativas, a cerca de 300 candidatos (en su mayoría opositores) a alcaldes y gobernadores.
En algunos casos los gobiernos utilizaron procesos democráticos, como los referendos constitucionales, en busca de políticas que amenazaron con socavar las libertades e instituciones democráticas, reducir el sistema de equilibrio y contrapeso de poderes o consolidar el poder en la rama ejecutiva. En Ecuador, la constitución de 2008 contiene cláusulas que requieren de los medios ofrecerle al gobierno tiempo en antena gratuito, lo cual motiva preocupaciones en el sentido de que la libertad de expresión y prensa se vean afectadas. En Venezuela la aprobación de 26 leyes "habilitadoras", algunas de las cuales reflejan aspectos del malogrado referendo constitucional de 2007 presentan disposiciones que reducen el alcance de la autoridad de los funcionarios elegidos y que promueven la centralización del poder.
Hubo amenazas a la libertad de prensa. En Venezuela, los periodistas y medios informativos independientes siguieron siendo objeto de hostigamiento e intimidación pública por parte de funcionarios gubernamentales de alto rango en los medios de propiedad estatal, y la televisora venezolana independiente Globovisión fue blanco de un ataque con gas lacrimógeno lanzado por partidarios del gobierno. El gobierno nicaragüense empleó medidas administrativas, judiciales y financieras para socavar el ejercicio de la libertad de expresión. Aunque el gobierno boliviano respetó en general la libertad de prensa, mantuvo con la prensa una relación antagónica. Varias ONG alegaron que el presidente Morales y funcionarios del gobierno hicieron declaraciones despectivas en relación con la prensa, excusando la violencia contra los periodistas y los medios de información, politizando el contenido mediático producido por el Estado y aprobando leyes destinadas a restringir a los medios independientes.
Cuba siguió siendo el único estado totalitario del hemisferio, tras una transferencia no democrática del poder de Fidel Castro a su hermano Raúl.
Acontecimientos en países seleccionados
En Bolivia los esfuerzos del gobierno para someter a referendo una nueva y polémica constitución, los reclamos opositores de mayor autonomía regional y las demandas en competencia de fondos gubernamentales, derivaron en una serie de enfrentamientos violentos y bloqueos de carreteras en gran escala. La violencia llegó al máximo en septiembre en el departamento de Pando, con el resultado de trece muertes y la detención ilegal y prolongada del gobernador. En mayo y junio los departamentos orientales celebraron referendos sobre la autonomía, que el gobierno central se negó reconocer y la comunidad internacional se negó a observar. Un referendo convocado a nivel nacional en agosto dejó a la mayoría de los prefectos (gobernadores) y al presidente Evo Morales en sus cargos, lo que fortaleció al partido del presidente (el Movimiento al Socialismo -- MAS) y a sus esfuerzos para llevar una nueva constitución a una votación a nivel nacional.
Con el telón de fondo de sus 44 años de conflicto armado con organizaciones terroristas, el gobierno de Colombia prosiguió con sus esfuerzos para mejorar los derechos humanos, particularmente en lo que toca a la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, proceso que ha ayudado a aclarar aproximadamente 164.000 crímenes y condujo a la reforma del sistema de justicia militar. Durante los primeros diez meses del año, las muertes disminuyeron en un seis por ciento y los secuestros en un 14 por ciento en comparación con el 2007, en tanto que las investigaciones en torno a vínculos entre políticos y grupos paramilitares implicaron a 70 miembros del congreso y 15 gobernadores, algunos de los cuales han sido colocados en prisión. Sin embargo, persisten numerosos problemas sociales y violaciones de los derechos humanos por parte del gobierno, inclusive asesinatos, colaboración entre militares insubordinados y grupos armados ilegales, y hostigamiento de periodistas y grupos de derechos humanos. Las organizaciones terroristas, de modo notable las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional cometieron graves violaciones de los derechos humanos, incluso asesinatos políticos y de otra índole, secuestros, desplazamientos masivos forzados, reclutamiento de niños soldados y ataques contra activistas de los derechos humanos, maestros y sindicalistas obreros.
En Cuba se produjo un incremento de la represión de las libertades de expresión y reunión, en comparación con el año anterior, Se intensificó el hostigamiento de disidentes, incluyendo las palizas de activistas a manos de los funcionarios de seguridad o de multitudes organizadas por el gobierno. El gobierno aumentó también las detenciones por periodos breves, seguidas de la puesta en libertad sin formulación de acusaciones, con el objeto de intimidar a los activistas e impedirles organizarse. Por lo menos 219 presos políticos seguían encarcelados en condiciones escuálidas que amenazaban la vida, las cuales incluyeron palizas y la negativa a proporcionar tratamiento médico. Los que fueron puestos en libertad durante el año habían cumplido la totalidad de sus condenas. El gobierno siguió restringiendo el acceso de los ciudadanos a la información independiente y, en particular, procuró restringir el acceso a la Internet, a pesar de permitir por primera vez que ciudadanos particulares tuvieran computadoras personales.
Guatemala se esforzó por mejorar la situación de los derechos humanos. La Comisión Contra la Impunidad en Guatemala, dirigida por las Naciones Unidas, continuó su investigación de casos destacados de derechos humanos y amplió su capacidad investigadora mediante la creación de una nueva unidad de fiscales. Sin embargo, continuó habiendo violencia e impunidad generalizadas. Agentes de la policía nacional cometieron asesinatos, y en muchos casos las autoridades transfirieron oficiales de policía o los dieron de baja en lugar de investigar y enjuiciar a los supuestos delincuentes. Otro tipo de violencia se derivó de los incidentes entre pandillas, las agresiones sexuales, la extorsión, la delincuencia organizada y el tráfico de drogas. Los sindicalistas obreros fueron amenazados con actos de violencia o asesinados por atacantes desconocidos. La corrupción gubernamental siguió siendo un problema grave y las encuestas de opinión pública indicaron una falta de confianza en casi todas las instituciones del gobierno.
En Nicaragua, el gobierno sandinista excluyó de las elecciones municipales de noviembre que se vieron empañadas por el fraude generalizado, las irregularidades y la intimidación, a los observadores internacionales. El país siguió no respetando el estado de derecho y siguió teniendo corrupción sistemática y politización del poder judicial y otros órganos gubernamentales. El gobierno y otros individuos intimidaron y hostigaron a periodistas y grupos de la sociedad civil que no apoyaban las políticas oficiales.
En Venezuela la comunidad de ONG observó una erosión de los derechos democráticos y humanos, con consecuencias potencialmente graves. Durante el año, la Asamblea Nacional aprobó 26 leyes con cláusulas que reducen el alcance de la autoridad de los funcionarios electos y que promueven la centralización del poder. El gobierno atrajo la crítica internacional y acusaciones de inconstitucionalidad al declarar inadmisibles a 272 candidatos que se presentaron a las elecciones municipales y gubernatoriales; la mayoría de ellos eran candidatos de oposición. El presidente Chávez declaró su intención de llevar a cabo el 15 de febrero de 2009 otro referendo constitucional, que intentaría nuevamente abolir el límite impuesto a los mandatos que puede gobernar un presidente y, por primera vez, extender ese límite a todos los funcionarios elegidos. Hubo numerosos obstáculos y amenazas a la libertad de expresión, incluso la libertad de los medios. Funcionarios del gobierno hostigaron e intimidaron públicamente a medios de información independientes y a periodistas de medios de propiedad estatal. El gobierno demandó judicialmente a una estación de televisión venezolana independiente, alegando que la red había promovido el asesinato del presidente Chávez. Personas y redes de medios también fueron acusados de fomentar la violencia y de desestabilizar el gobierno, luego de que hicieran declaraciones que criticaban al gobierno o que apelaban a actuar en oposición a él. Instituciones del gobierno y funcionarios, así como medios de información afiliados al gobierno, promovieron el antisemitismo a través de numerosos comentarios antisemitas, que tuvieron un efecto de difusión en la sociedad, en forma de expresiones antisemitas, caricaturas, vandalismo y otros ataques físicos contra instituciones judías.
(termina el texto)
(Distribuido por la Oficina de Programas de Información Internacional del Departamento de Estado de Estados Unidos. Sitio en la Web: http://www.america.gov/esp )
(Se resalta la situación de los derechos humanos en Bolivia, Colombia, Cuba, Guatemala, Nicaragua y Venezuela) (1613)
"Los gobiernos de la región siguieron ocupándose de las anteriores violaciones de los derechos humanos y dirigieron sus esfuerzos a garantizar la justicia para las víctimas y terminar con la impunidad", dice la sección correspondiente al Hemisferio Occidental en la introducción del informe de derechos humanos 2008.
A continuación una traducción de esta sección:
(comienza el texto)
Introducción del informe por países sobre prácticas de derechos humanos 2008
[...]
Hemisferio Occidental
Los gobiernos de la región siguieron ocupándose de las anteriores violaciones de los derechos humanos y dirigieron sus esfuerzos a garantizar la justicia para las víctimas y terminar con la impunidad. En Colombia, varios oficiales comandantes estaban bajo investigación por graves violaciones de los derechos humanos. La Oficina del Procurador General investigaba a 27 oficiales militares, entre ellos tres generales y cuatro coroneles, dados de baja de las fuerzas armadas a fines de octubre por su supuesta participación en el asesinato de once jóvenes de Soacha, cerca de Bogotá. En Argentina y Chile continuaron varias investigaciones, y se dictaron varios fallos en casos relacionados con los abusos cometidos en las décadas de 1970 y 1980. En Perú, el Estado prosiguió los enjuiciamientos contra el ex presidente Fujimori y otros ex funcionarios del gobierno, por corrupción y graves violaciones de los derechos humanos. Equipos de antropología forense exhumaron los restos y comenzaron a identificar los cadáveres de centenares de personas víctimas de desapariciones forzosas o masacradas y enterradas en tumbas clandestinas durante las décadas de 1980 y 1990. En Guatemala, la Comisión de las Naciones Unidas contra la Impunidad prosiguió con su investigación de quince casos sobresalientes de derechos humanos relacionados con muertes de mujeres, asesinatos de conductores de autobuses, trata de personas, y ataques y asesinatos de sindicalistas obreros y defensores de los derechos humanos.
En general, las instituciones electorales del Hemisferio Occidental mantuvieron la independencia y el rigor que habían alcanzado en años recientes. Varios procesos electorales, como las elecciones presidenciales en Paraguay, las elecciones internas de candidatos a la presidencia en Honduras y los referendos en Bolivia y Ecuador, se consideraron, en general, libres e imparciales. Sin embargo, hubo excepciones. En Nicaragua, las elecciones municipales se vieron empañadas por el fraude generalizado, la intimidación y la violencia. En Venezuela el contralor general declaró inadmisibles, debido a infracciones administrativas, a cerca de 300 candidatos (en su mayoría opositores) a alcaldes y gobernadores.
En algunos casos los gobiernos utilizaron procesos democráticos, como los referendos constitucionales, en busca de políticas que amenazaron con socavar las libertades e instituciones democráticas, reducir el sistema de equilibrio y contrapeso de poderes o consolidar el poder en la rama ejecutiva. En Ecuador, la constitución de 2008 contiene cláusulas que requieren de los medios ofrecerle al gobierno tiempo en antena gratuito, lo cual motiva preocupaciones en el sentido de que la libertad de expresión y prensa se vean afectadas. En Venezuela la aprobación de 26 leyes "habilitadoras", algunas de las cuales reflejan aspectos del malogrado referendo constitucional de 2007 presentan disposiciones que reducen el alcance de la autoridad de los funcionarios elegidos y que promueven la centralización del poder.
Hubo amenazas a la libertad de prensa. En Venezuela, los periodistas y medios informativos independientes siguieron siendo objeto de hostigamiento e intimidación pública por parte de funcionarios gubernamentales de alto rango en los medios de propiedad estatal, y la televisora venezolana independiente Globovisión fue blanco de un ataque con gas lacrimógeno lanzado por partidarios del gobierno. El gobierno nicaragüense empleó medidas administrativas, judiciales y financieras para socavar el ejercicio de la libertad de expresión. Aunque el gobierno boliviano respetó en general la libertad de prensa, mantuvo con la prensa una relación antagónica. Varias ONG alegaron que el presidente Morales y funcionarios del gobierno hicieron declaraciones despectivas en relación con la prensa, excusando la violencia contra los periodistas y los medios de información, politizando el contenido mediático producido por el Estado y aprobando leyes destinadas a restringir a los medios independientes.
Cuba siguió siendo el único estado totalitario del hemisferio, tras una transferencia no democrática del poder de Fidel Castro a su hermano Raúl.
Acontecimientos en países seleccionados
En Bolivia los esfuerzos del gobierno para someter a referendo una nueva y polémica constitución, los reclamos opositores de mayor autonomía regional y las demandas en competencia de fondos gubernamentales, derivaron en una serie de enfrentamientos violentos y bloqueos de carreteras en gran escala. La violencia llegó al máximo en septiembre en el departamento de Pando, con el resultado de trece muertes y la detención ilegal y prolongada del gobernador. En mayo y junio los departamentos orientales celebraron referendos sobre la autonomía, que el gobierno central se negó reconocer y la comunidad internacional se negó a observar. Un referendo convocado a nivel nacional en agosto dejó a la mayoría de los prefectos (gobernadores) y al presidente Evo Morales en sus cargos, lo que fortaleció al partido del presidente (el Movimiento al Socialismo -- MAS) y a sus esfuerzos para llevar una nueva constitución a una votación a nivel nacional.
Con el telón de fondo de sus 44 años de conflicto armado con organizaciones terroristas, el gobierno de Colombia prosiguió con sus esfuerzos para mejorar los derechos humanos, particularmente en lo que toca a la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, proceso que ha ayudado a aclarar aproximadamente 164.000 crímenes y condujo a la reforma del sistema de justicia militar. Durante los primeros diez meses del año, las muertes disminuyeron en un seis por ciento y los secuestros en un 14 por ciento en comparación con el 2007, en tanto que las investigaciones en torno a vínculos entre políticos y grupos paramilitares implicaron a 70 miembros del congreso y 15 gobernadores, algunos de los cuales han sido colocados en prisión. Sin embargo, persisten numerosos problemas sociales y violaciones de los derechos humanos por parte del gobierno, inclusive asesinatos, colaboración entre militares insubordinados y grupos armados ilegales, y hostigamiento de periodistas y grupos de derechos humanos. Las organizaciones terroristas, de modo notable las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional cometieron graves violaciones de los derechos humanos, incluso asesinatos políticos y de otra índole, secuestros, desplazamientos masivos forzados, reclutamiento de niños soldados y ataques contra activistas de los derechos humanos, maestros y sindicalistas obreros.
En Cuba se produjo un incremento de la represión de las libertades de expresión y reunión, en comparación con el año anterior, Se intensificó el hostigamiento de disidentes, incluyendo las palizas de activistas a manos de los funcionarios de seguridad o de multitudes organizadas por el gobierno. El gobierno aumentó también las detenciones por periodos breves, seguidas de la puesta en libertad sin formulación de acusaciones, con el objeto de intimidar a los activistas e impedirles organizarse. Por lo menos 219 presos políticos seguían encarcelados en condiciones escuálidas que amenazaban la vida, las cuales incluyeron palizas y la negativa a proporcionar tratamiento médico. Los que fueron puestos en libertad durante el año habían cumplido la totalidad de sus condenas. El gobierno siguió restringiendo el acceso de los ciudadanos a la información independiente y, en particular, procuró restringir el acceso a la Internet, a pesar de permitir por primera vez que ciudadanos particulares tuvieran computadoras personales.
Guatemala se esforzó por mejorar la situación de los derechos humanos. La Comisión Contra la Impunidad en Guatemala, dirigida por las Naciones Unidas, continuó su investigación de casos destacados de derechos humanos y amplió su capacidad investigadora mediante la creación de una nueva unidad de fiscales. Sin embargo, continuó habiendo violencia e impunidad generalizadas. Agentes de la policía nacional cometieron asesinatos, y en muchos casos las autoridades transfirieron oficiales de policía o los dieron de baja en lugar de investigar y enjuiciar a los supuestos delincuentes. Otro tipo de violencia se derivó de los incidentes entre pandillas, las agresiones sexuales, la extorsión, la delincuencia organizada y el tráfico de drogas. Los sindicalistas obreros fueron amenazados con actos de violencia o asesinados por atacantes desconocidos. La corrupción gubernamental siguió siendo un problema grave y las encuestas de opinión pública indicaron una falta de confianza en casi todas las instituciones del gobierno.
En Nicaragua, el gobierno sandinista excluyó de las elecciones municipales de noviembre que se vieron empañadas por el fraude generalizado, las irregularidades y la intimidación, a los observadores internacionales. El país siguió no respetando el estado de derecho y siguió teniendo corrupción sistemática y politización del poder judicial y otros órganos gubernamentales. El gobierno y otros individuos intimidaron y hostigaron a periodistas y grupos de la sociedad civil que no apoyaban las políticas oficiales.
En Venezuela la comunidad de ONG observó una erosión de los derechos democráticos y humanos, con consecuencias potencialmente graves. Durante el año, la Asamblea Nacional aprobó 26 leyes con cláusulas que reducen el alcance de la autoridad de los funcionarios electos y que promueven la centralización del poder. El gobierno atrajo la crítica internacional y acusaciones de inconstitucionalidad al declarar inadmisibles a 272 candidatos que se presentaron a las elecciones municipales y gubernatoriales; la mayoría de ellos eran candidatos de oposición. El presidente Chávez declaró su intención de llevar a cabo el 15 de febrero de 2009 otro referendo constitucional, que intentaría nuevamente abolir el límite impuesto a los mandatos que puede gobernar un presidente y, por primera vez, extender ese límite a todos los funcionarios elegidos. Hubo numerosos obstáculos y amenazas a la libertad de expresión, incluso la libertad de los medios. Funcionarios del gobierno hostigaron e intimidaron públicamente a medios de información independientes y a periodistas de medios de propiedad estatal. El gobierno demandó judicialmente a una estación de televisión venezolana independiente, alegando que la red había promovido el asesinato del presidente Chávez. Personas y redes de medios también fueron acusados de fomentar la violencia y de desestabilizar el gobierno, luego de que hicieran declaraciones que criticaban al gobierno o que apelaban a actuar en oposición a él. Instituciones del gobierno y funcionarios, así como medios de información afiliados al gobierno, promovieron el antisemitismo a través de numerosos comentarios antisemitas, que tuvieron un efecto de difusión en la sociedad, en forma de expresiones antisemitas, caricaturas, vandalismo y otros ataques físicos contra instituciones judías.
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FRATERNALES SALUDOS,
Rodrigo González Fernández
DIOPLOMADO EN RSE DE LA ONU
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Renato Sánchez 3586 of. 10. Telef. 2451113
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Santiago-Chile
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Rodrigo González Fernández
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