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Monday, June 02, 2008

EL TIEMPO; JUSTICIA GLOBAL CPI

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El acuerdo al que llegaron 109 países en Ottawa el miércoles para prohibir la fabricación, almacenamiento y empleo de las llamadas "bombas de racimo" obliga a pensar en la importancia de redoblar los esfuerzos de la comunidad internacional para combatir guerras e injusticias. Estas bombas riegan desde el aire decenas de explosivos en una superficie equivalente a cuatro campos de fútbol. Lamentablemente, Estados Unidos, Rusia, China e Israel se negaron a sumarse al pacto.

Estos mismos cuatro países, a los que se agregan India, Irak, Chile y Cuba, tampoco suscribieron el Estatuto de Roma, que creó hace diez años la Corte Penal Internacional (CPI). La CPI es el más reciente desarrollo de la justicia internacional -que persigue los crímenes contra la humanidad-, una actividad que empezó en 1945 con el Tribunal de Nuremberg para los autores del genocidio nazi, y tuvo aplicación especial en el caso del conflicto de la antigua Yugoslavia. El 25 de mayo se cumplieron 15 años desde que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó la creación de este tribunal ad hoc, que llevó al banquillo a acusados de genocidio, como Slobodan Milosevic. Y en noviembre cumplirá 14 años de su creación el Tribunal Criminal Internacional para Ruanda, creado en 1994, luego del genocidio en ese país, para juzgar a sus autores.

Seguramente estos tribunales y la CPI habrían podido hacer más, como dicen algunos críticos. Es frustrante que uno de los ejecutores de la "limpieza étnica" serbia, Radovan Karadzic, continúe fugitivo, y que varias potencias no reconozcan la jurisdicción de la CPI. El Congreso de E.U. prohibió por ley en el 2002 extraditar ciudadanos suyos en procesos de la CPI y autorizó al Presidente a usar "todos los medios necesarios y adecuados para lograr la liberación de cualquier ciudadano estadounidense detenido o encarcelado en nombre de la CPI o a solicitud de ella".

La Corte surgió de acuerdos diplomáticos erizados de alambradas de garantías. Aun así, hay que reconocer el trabajo que ha realizado la novedosa justicia penal internacional y, en particular, este primer tribunal internacional permanente, que enjuicia a acusados de genocidio, crímenes de guerra y delitos contra la humanidad. Han sido encausados más de 250 reos de diez países africanos, asiáticos y europeos. Entre ellos figuran antiguos jefes de Estado e "infames famosos", pues, aparte de Milosevic -que murió en prisión-, se encuentran entre rejas Charles Taylor, de Liberia; el tenebroso camboyano del Khmer Rojo Khieu Samphan y el ex primer ministro de Ruanda Jean Kambanda.

El 17 de julio se cumplirá un decenio desde que la reunión de delegados plenipotenciarios de 160 países creó en Roma la CPI.

De ellos, 120 votaron a favor, siete en contra y 21 se abstuvieron. Colombia, por su parte, introdujo una salvedad para juzgar crímenes de guerra cometidos en su territorio, que expira en el 2009.

Sesenta y tres años después de Nuremberg, 105 Estados han ratificado su afiliación a la CPI. Su más reciente logro ha sido el arresto, la semana pasada, del paramilitar congolés Jean-Pierre Bemba, acusado de matanzas, torturas y violaciones en la República Central Africana. Antes del primero de julio del 2002, cuando entró en vigencia el Tratado de Roma, este siniestro personaje se habría retirado a la Riviera francesa. Ya no. La justicia internacional cojea por diversos flancos, pero llega.

editorial@eltiempo.com.co



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Rodrigo González Fernández
Diplomado en RSE de la ONU
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