El proyecto pertenece a los diputados Roberto Sepúlveda, Francisco Chahuán, René Aedo, Pedro Álvarez-Salamanca, Pablo Galilea, Rosauro Martínez, Osvaldo Palma, Germán Verdugo, y a la diputada Ximena Valcarce.
Recuerda la moción que la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, establece en forma categórica que tipo de información puede ser comunicada por los responsables de los registros de datos.
Dispone dicha ley que transcurridos 5 años desde que la respectiva obligación se hizo exigible, no se podrá continuar comunicando dichos datos después de haber sido pagada la obligación o haberse extinguido por otro modo legal.
Además, expresamente señala que no se pueden incluir en registros las deudas impagas inferiores a 2 millones de pesos y que hubiesen sido exigibles antes de mayo de 2002.
Los legisladores indican que, pese a estas normas, se ha constatado la existencia de registros o bases de datos paralelos, o también denominados "históricos", los cuales se siguen empleando, e impiden obtener créditos a diversas personas, y básicamente a pequeños y medianos empresarios.
El texto propuesto la semana pasada, individualizado con el Boletín N° 4972 y remitido a la Comisión de Economía, establece expresamente la prohibición de mantener registros históricos de deudores, o difundir sus datos.
Además, propone modificar el artículo 14 de la Ley general de Bancos, incluyendo en las penas corporales que se establecen para las personas que revelen el contenido a terceros de la información que proporcione la Superintendencia de Bancos a las instituciones financieras sometidas a su fiscalización, a quienes hagan uso de datos contenidos en registros históricos, no publicables, o que los revelen.
Lunes 16 de Abril de 2007
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