Los cinco de Cuba
Con frecuencia, operativos de la inteligencia cubana son erróneamente denominados presos políticos
Los llamados "Los Cinco" de Cuba son agentes y funcionarios del servicio de la inteligencia exterior de Cuba, hallados culpables en 2001 de cometer delitos en Estados Unidos, como parte de un grupo de espías que la inteligencia cubana llamaba la "Red Avispa".
La propaganda cubana describe a "los Cinco" como víctimas de la injusticia estadounidense, que simplemente se dedicaban a recopilar información pública sobre organizaciones no gubernamentales de Estados Unidos hostiles a Cuba. Los hechos demuestran una historia muy diferente.
En septiembre de 1998, diez miembros de la Red Avispa, incluidos "los Cinco", fueron arrestados y acusados de delitos según la ley de Estados Unidos en relación con sus actividades encubiertas en Estados Unidos al servicio de la Dirección General de Inteligencia (DGI) de Cuba. Cinco de los diez acusados se declararon culpables, mientras que "los Cinco" rechazaron los cargos.
Tres de "los cinco" vivían en Estados Unidos con identidades falsas, con documentos de identidad fraudulentos y tenían instrucciones explícitas de escape, provistas por la Dirección General de Inteligencia de Cuba, inclusive identidades y documentación falsa de reserva.
El juicio abierto y público de siete meses de duración estableció categóricamente que tres de ellos (Gerardo Hernández y los dos individuos que ahora afirman que sus verdaderas identidades son Ramón Labaniño y Fernando González) eran "funcionarios ilegales" de la DGI de Cuba. Los tres eran oficiales de carrera en inteligencia que llegaron a Estados Unidos bajo identidades falsas, utilizando documentación fraudulenta y con "leyendas" -- historias elaboradas y falsas de vidas adscritas a esas identidades. Vivieron en Estados Unidos realizando secretamente las operaciones de la DGI mientras pretendían ser ciudadanos comunes de Estados Unidos. Estos tres "funcionarios ilegales" supervisaban las tareas encubiertas de otros agentes de la DGI basados en Estados Unidos, entre ellos los otros dos miembros de "los Cinco", Antonio Guerrero y René González, que son ciudadanos de Estados Unidos.
Durante el juicio los fiscales federales de Estados Unidos presentaron más de 1.200 páginas de comunicaciones e informes detallados intercambiados entre la DGI y "los Cinco", que fueron encontrados en sus computadoras, y descifrados en cumplimiento de la orden de los tribunales de Estados Unidos. Esas instrucciones incluían órdenes de infiltrar instalaciones militares, agencias del gobierno, incluida la Agencia Federal de Investigaciones (FBI), una campaña electoral legislativa, grupos políticos nacionales y otros grupos no gubernamentales. Entre las instrucciones también había órdenes detalladas sobre medidas para hostigar y desprestigiar a algunos de esos grupos.
En el juicio, la defensa no negó el servicio encubierto de "los Cinco" a la DGI, sino que trató de describir su conducta como una de combate al terrorismo y de proteger a Cuba de los "contrarrevolucionarios" radicados en Miami. Casi tres meses, de los siete que duró el juicio, fueron dedicados a la presentación de pruebas por parte de la defensa. El jurado rechazó los argumentos de la defensa e inculpó a los procesados en cada una de las acusaciones que se les hicieron.
Dos de los tres "funcionarios ilegales" y un agente basado en Estados Unidos (Gerardo Hernández, Antonio Guerrero y el individuo que afirmaba ser Ramón Labaniño) fueron encontrados culpables de espionaje contra Estados Unidos. Uno de los "funcionarios ilegales (Gerardo Hernández) fue encontrado culpable de asociación ilícita para cometer asesinato en primer grado por su desempeño en relación con el derribamiento, ocurrido el 24 de febrero de 1996, de dos aeronaves civiles y desarmadas en el espacio aéreo internacional, por aviones de caza de la Fuerza Aérea de Cuba, que resultó en la muerte de cuatro personas, tres de ellas ciudadanos de Estados Unidos. Cada uno de "los Cinco" fueron hallados culpables de asociación ilicita para actuar en Estados Unidos como agentes de un gobierno extranjero sin previa notificación al secretario de Justicia, y de defraudar a Estados Unidos. Sus sentencias oscilaron entre los 15 años de prisión y prisión perpetua.
"Los Cinco" cumplen actualmente sus sentencias en prisiones federales. Están presos junto con los reos comunes y tienen todos los mismos privilegios disponibles a éstos. Se les permite las visitas de familiares, funcionarios del gobierno cubano y sus abogados. Han recibido muchas y prolongadas visitas de miembros de sus familias, a quienes el gobierno de Estados Unidos ha concedido más de 60 visas, y de funcionarios del gobierno cubano.
De conformidad con el derecho estadounidense a protegerse de espías encubiertos, el gobierno de Estados Unidos no ha concedido visas a las esposas de dos de los prisioneros. Una de ellas fue miembro de la Red Avispa, y fue deportada por participar en actividades relacionadas con espionaje y no es elegible para regresar a Estados Unidos. La otra esposa fue candidata a formación de espía por la DGI radicada en Estados Unidos, cuando las autoridades estadounidenses rompieron la red.
OPERACIONES DE "LOS CINCO"
Los documentos presentados por el gobierno de Estados Unidos para la causa judicial describen las distintas operaciones planeadas por la DGI en Cuba, tal como se probaron en el juicio, y a continuación figuran algunas de ellas.
La DGI envió a Miami a Ramón Labaniño para dirigir los esfuerzos tendientes a infiltrar el Comando Sur del ejército de Estados Unidos (SouthCom), que tiene su sede en Miami. En octubre de 1997, Labaniño informo a dos agentes de la Red Avispa, que luego se declararon culpables, que la más alta prioridad de la DGI era infiltrar a SouthCom. Labaniño los exhortó a "HACER USO DE TODOS LOS MEDIOS POSIBLES PARA PENETRAR ESE OBJETIVO. EN ESTE MOMENTO ÉSTA ES LA TAREA NÚMERO UNO DE LA DGI Y DE NUESTRO PAÍS...". [La DGI exigía que los informes fueran escritos en letras mayúsculas para facilitar los análisis posteriores de los archivos microfilmados]. Esa operación era conocida como Operación Surco.
La meta de otra operación de la Red Avispa, Operación Aeropuerto, era infiltrar la Estación Aérea Naval (NAS), en Key West, Florida, la cual es la instalación militar estadounidense más cercana a Cuba. Antonio Guerrero, agente de la DGI, logró penetrar la instalación militar, mediante un puesto de trabajo en su sección de obras públicas desde 1993. Sus evaluaciones anuales en la DGI revelan que envió 107 informes entre 1996-1997, 104 entre 1995 y 1996 y 184 entre 1994 y 1995. En ellos informó sobre la cantidad y tipo de aviones que aterrizaban y despegaban de la base, la actividad y ejercicios de las tropas, las nuevas instalaciones para comunicaciones, las frecuencias locales de radio, los procedimientos para la seguridad física y el personal de la NAS susceptible de ser reclutado como espía y otros temas de interés para la inteligencia cubana.
La DGI también tenía proyectado el que dos agentes de la Red Avispa infiltraran la campaña para la reelección del congresista de Estados Unidos Lincoln Díaz-Balart y que enviaran información perjudicial con el fin de desprestigiar, hostigar o neutralizar a los miembros del Congreso de origen cubano estadounidense.
Los funcionarios ilegales de la DGI con sede en Miami fueron responsables de operativos contra Hermanos al Rescate, una organización no gubernamental estadounidense. Hermanos al Rescate fue creada en 1991 con el fin de brindar ayuda a los cubanos rescatados de balsas provenientes de la isla. Se servían de pequeñas avionetas para la búsqueda y rescate de dichos cubanos que empleaban esas balsas. En enero de 1996, Hermanos al Rescate lanzo panfletos en espacio aéreo internacional, los cuales fueron llevados por los vientos hasta Cuba. Los panfletos citaban la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y exhortaban a los cubanos a luchar por sus derechos.
También en enero de 1996, la DGI inició la Operación Escorpión contra Hermanos al Rescate, utilizando al funcionario ilegal Hernández, quien dio órdenes a René González y a José Pablo Roque, otro miembro de la Red Avispa.
El 18 de febrero de 1996, la DGI envió un mensaje radial cifrado de parte del jefe de la DGI que ordenaba que bajo ninguna circunstancia González o Roque debían volar en las avionetas de Hermanos al Rescate entre el 24 y el 27 de febrero. Previamente, la DGI había enviado instrucciones secretas y cifradas con frases especificas que González y Roque debían emplear en las comunicaciones de radio de Hermanos al Rescate, en el supuesto que no pudieran evadir pedidos de último minuto para salir en un vuelo de Hermanos al Rescate.
El 24 de febrero de 1996, tres aviones de Hermanos al Rescate se encontraban volando sobre el estrecho de la Florida cuando, poco después de que cruzaron el paralelo 24, hacia el espacio internacional dentro de la Región de Información de Vuelos de La Habana, dos aviones militares de combate MIG cubanos alzaron vuelo. Éstos, siguiendo las instrucciones desde el comando en tierra, persiguieron y derribaron dos avionetas de Hermanos al Rescate, resultando en la muerte de los cuatro hombres a bordo. Ambas aeronaves de Hermanos al Rescate, las cuales eran pequeñas avionetas civiles sin armas, se encontraban volando en espacio aéreo internacional y se alejaban de Cuba cuando fueron derribadas. Ninguna de las dos había entrado en espacio aéreo cubano. El tercer avión, piloteado por José Basulto, el fundador de Hermanos al Rescate, pudo escapar.
Poco después de dicho derribamiento, el agente de la DGI Roque realizó una conferencia de prensa en La Habana. Haciéndose pasar por un miembro desilusionado de Hermanos al Rescate, denunció a la organización.
En julio de 1996, por votación de 13 votos a favor y cero en contra, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas condenó a Cuba por este derribamiento de los dos aviones civiles. Una investigación de la Autoridad Internacional de Aviación Civil concluyó que ambas aeronaves estaban sobre aguas internacionales al momento de ser derribadas.
