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APT pide países Latinoamérica aceleren creación mecanismos prevención tortura

La Asociación para la Prevención de la Tortura (APT) instó hoy a los países de América Latina a que aceleren el proceso de creación de un mecanismo nacional de prevención de la tortura, y pidió a la CIDH que impulse el proceso.

La petición se produjo en una audiencia temática sobre la prevención de la tortura en América Latina ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En la reunión, la responsable del Programa para las Américas de APT, Claudia Jerez, explicó que únicamente dos de los nueve países de la región que han ratificado el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura de la ONU han designado mecanismos de prevención.

Así, salvo México y Costa Rica, siete países -Argentina, Brasil, Paraguay, Honduras, Perú, Uruguay y Bolivia- 'están incumpliendo' lo previsto por el protocolo, explicó Jerez.

Costa Rica ha designado a la Defensoría de los Habitantes como mecanismo, mientras que México ha encargado esa función a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Guatemala, Ecuador y Chile se encuentran en vías de ratificar el protocolo, que entró en vigor en junio de 2006 y que ha sido suscrito, de momento, por 34 países.

A pesar de que países como Honduras, Perú, Argentina y Brasil están impulsando el proceso con distintas políticas, la APT considera que existe un 'cierto estancamiento' en el proceso de creación de mecanismos nacionales de prevención.

'Hay ciertas dificultades para cumplir con los requisitos del protocolo', señaló Jerez a los comisionados de la CIDH en el marco del 131 periodo de sesiones del organismo.

Jérez también mostró su preocupación por el hecho de que el diálogo entre los Estados y los agentes de la sociedad civil para abordar el tema, sea más 'simbólico que real' en algunos casos.

El protocolo contra la tortura creó un sistema internacional de visitas, a cargo de un subcomité formado por expertos en distintas disciplinas, quienes pueden acudir sin previo aviso a los centros de detención de los países que hayan ratificado el texto.

El texto también estableció que, un año después de haberlo ratificado, los países deben contar con uno o varios mecanismos nacionales de prevención.

El documento no especifica una modalidad en particular, de modo que podrán ser comisiones de derechos humanos, defensores del pueblo, grupos parlamentarios u ONG.

Con independencia del mecanismo exigido, los gobiernos deben garantizar que la institución a la que se encargue esa responsabilidad no sufra interferencia alguna de su parte.

Tanto el subcomité internacional como el sistema de vigilancia nacional deberán tener capacidad para visitar cualquier lugar de detención y podrán efectuar recomendaciones a las autoridades.

Terra Actualidad - EFE

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