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El Reino Unido podría descartar el cuidado intensivo para los bebés muy prematuros

EMILI J. BLASCO. CORRESPONSAL LONDRES.

El Reino Unido podría renunciar al esfuerzo médico por mantener con vida a bebés prematuros si prosperan las recomendaciones realizadas por un comité de bioética, que pide que los niños nacidos a las 22 semanas o antes no sean sometidos a cuidados intensivos, y pone condiciones para la reanimación de los que nazcan entre las 23 y 25 semanas de gestación.

Las propuestas del Consejo de Bioética Nuffield, elaboradas tras dos años de seguimiento y con el parecer de diversas instituciones, han levantado polémica. La Asociación Médica Británica ha advertido de que no se pueden establecer normas basadas sólo en el tiempo de gestación de los bebés, mientras que la Sociedad para la Protección de los No Nacidos teme que se trate de un primer paso para la eutanasia de niños con minusvalías.

Aunque no se ocultan razones económicas para suprimir tratamientos costosos, que además exigen una gran dedicación de personal, el informe Nuffield destaca la inviabilidad de la mayor parte de los bebés nacidos de modo tan prematuro. De acuerdo con cifras obtenidas en Gran Bretaña, ningún bebé alumbrado a las 21 semanas de gestación sobrevive, y sólo lo hace un 1 por ciento de los nacidos a las 22 semanas.

Porcentaje de supervivencia

Los datos procuran mayor debate cuando el parto sucede algo después. En los hospitales británicos nacen 300 niños de 23 semanas, de los que sobreviven el 17 por ciento. El porcentaje se eleva al 50 por ciento en los bebés con 25 semanas.

Más allá del encarnizamiento terapéutico, extremo en el que generalmente se considera ético permitir la muerte, tal como ha recordado estos días la Iglesia de Inglaterra, la particularidad del informe Nuffield es que reclama que ya de entrada se renuncie a la reanimación, sin esperar a ver la evolución de un tratamiento.

En la gradación que propone el informe, en cuya elaboración han participado médicos, ginecólogos y profesores universitarios de diferentes especialidades, como la fisolofía, la ética y el derecho, se indica que los nacidos a las 22 semanas de vida o antes no deberían ser sometidos a cuidados intensivos. Tampoco para quienes nazcan tras una gestación de entre 22 y 23 semanas, a menos que los padres soliciten analizar el caso y los doctores lo acepten.

En el siguiente escalón, entre 23 y 24 semanas, igualmente se desestiman de entrada los cuidados intensivos, a no ser que los padres dispongan otra cosa; su voluntad primaría sobre la del equipo médico, aunque éste podría oponerse a continuar el tratamiento si se demuestra inviable.

Entre 24 y 25 semanas debería procederse a la reanimación, a no ser que tanto padres como médicos estimen que la salud del bebé es tan precaria que no ofrece esperanzas de continuar con vida o que prolongar ésta supondría someterle a un excesivo sufrimiento. En caso de nacimientos por encima de las 25 semanas, los cuidados intensivos se aplicarían de modo ordinario.

Frente a quienes advierten de que el notable avance de la medicina permite cada vez mejores tratamientos para asegurar el mantenimiento con vida de bebés prematuros, Margaret Brazier, coordinadora del informe y profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Manchester, señala que muchas veces se aplican tratamientos agresivos que al final se demuestran inútiles.

Tratamientos agresivos

Según Brazier, «el instinto natural es salvar la vida de todos los bebés, incluso si la posibilidad de supervivencia es baja. Pero no creo que siempre sea correcto someter a un bebé al especial estrés y dolor de un tratamiento agresivo si es improbable que el bebé mejore y la muerte es inevitable».

Por su parte, Vivienne Nathanson, responsable de ética de la Asociación Médica Británica, estima que no se pueden establecer normas tan taxativas como las aportadas por el informe Nuffield. Aún estando de acuerdo en que los médicos deberían contar con un marco más determinado para su actuación, advierte de que ningún caso de bebés de 22 o 23 semanas es el mismo.

Entidades de defensa de la vida se han levantado rápidamente contra el informe y la posibilidad de que sus conclusiones sean aplicadas. Desde el otro extremo, representantes del Colegio de Obstetricia y Ginecología han llamado ya a un debate sobre la posibilidad de aplicar la eutanasia a bebés gravemente enfermos.

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