SIP CONDENA A VENEZUELA POR VIOLACION DE LA LIBERTAD DE INFORMACION

SIP condena al gobierno venezolano por violación a libertad de expresión

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--Igualmente lo exhorta  a intensificar investigaciones sobre muerte de periodistas

 

 La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), a través de la resolución de su 62 Asamblea General que celebra en Ciudad de México,  condenó la reiterada violación por parte del gobierno venezolano de los principios contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos relativos a la libertad de expresión y el derecho a la información, consagradas en la Constitución de Venezuela en sus artículos 57 y 58.

De igual forma rechazó los asesinatos y la violencia, agresiones, intimidaciones, agresiones, discriminaciones y hostigamiento contra los periodistas y los medios de comunicación independiente que ocurren en el país.

Y declara con toda firmeza que la SIP ratifica y respalda a los periodistas y medios de comunicación venezolanos y que nunca considerará agotados la voluntad y los recursos para la legítima y civilizada reclamación, gestión y mediación con el gobierno de Venezuela a fin de que se restituya el respeto y la observación de las normas que fundamentan derecho a la libertad de expresión y de información en nuestro país.

 

Control del presidente

 

La SIP, en sus considerandos, indica que ha condenado en sus resoluciones y pronunciamientos puntuales las graves y progresivas restricciones al ejercicio de la libertad de expresión y el derecho del pueblo a recibir información.

Resalta que el control que ejerce el actual Presidente de la República sobre los poderes públicos le ha permitido legislar, presionar al sistema judicial y las actuaciones del Ministerio Público.

Como resultado de tal control, ahora existe en Venezuela un marco legal estructurado sobre la base de sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, nuevas normas penales para castigar la disidencia, pronunciamientos de tribunales imponiendo censura previa para las informaciones, la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión que atribuye al órgano oficial Conatel la facultad para sancionar a estos medios hasta con el cierre definitivo.

Destaca que en los últimos meses se ha incrementado dramáticamente la violencia contra los periodistas y los medios de comunicación independientes, registrándose asesinatos de periodistas, sabotajes y agresiones.

Considera que el señalamientos de la Fiscalía y apertura de juicios contra medios independientes, sus directivos y periodistas por informar y expresar opiniones restringen la libertad de expresión y promueven la autocensura.

De igual modo dice que existe discriminación, prohibición y limitaciones por parte del gobierno venezolano a los periodistas y medios independientes para cubrir actos oficiales, y niega el ejercicio del libre periodismo y el derecho del pueblo a recibir información.

 

Investigaciones

 

En su resolución, la SIP exhorta a las autoridades venezolanas a intensificar las investigaciones  con el fin de dar con los responsables materiales e instigadores de la muerte de  tres periodistas, de un concejal que conducía un programa de opinión y de Jorge Tortoza, reportero gráfico del diario 2001, quien fue asesinado el 11 de abril del 2002.

En el documento subraya los asesinatos de Jesús Flores Rojas, corresponsal del diario La Región en El Tigre, estado Anzoátegui, el 26 de agosto de este año; José Joaquín Tovar, editor y columnista del semanario Ahora, de Caracas, el 17 de junio  y Jorge Aguirre, fotoperiodista del diario El Mundo, Caracas, el 5 de abril, sin que hasta el momento se han dado con los responsables.

Señala igualmente que siguen sin resolverse las muertes de Mauro Marcano, concejal independiente y conductor de un programa de opinión en Radio Maturín, en la capital de Monagas, el 1 de septiembre del 2004 y el caso de Tortoza.

En uno de sus considerandos recuerda que el principio cuarto de la Declaración de Chapultepc establece que “el asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad”.

 

 América registró

“grave retroceso”

   

México,  3 de octubre. - Un “grave retroceso” en la libertad de prensa sufre  América, donde en los últimos seis meses nueve periodistas fueron asesinados, señaló el martes la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), al concluir su 62 Asamblea Anual en México.

“La vigencia de la libertad de prensa experimentó un grave retroceso (...) nueve periodistas fueron asesinados y una escalada de amenazas de muerte y agresiones de todo tipo se abatió sobre decenas de medios y reporteros de todo el continente”, apuntó la SIP en sus conclusiones.

Tres periodistas murieron en Venezuela, una cifra igual en Colombia, dos más en México y uno en Guatemala.

Dos fueron presuntamente secuestrados en el último semestre y permanecen desaparecidos, uno de México y otro de Paraguay.

“La lista de periodistas asesinados y desaparecidos ascendió a 15 en los últimos 12 meses”, añadió la SIP.

Los países con mayores peligros para los periodistas son “Cuba (donde la cifra de periodistas encarcelados con penas de hasta 27 años de prisión asciende ahora a 26), Venezuela, Colombia y México”, sostiene la asociación.

En Cuba “no han cesado las acciones coercitivas contra el movimiento de informadores independientes, desde amenazas policiales, detenciones temporales (...) hasta flagrantes violaciones del derecho ciudadano a la información”, se reporta en el apartado de esa nación.

Destacó la entidad de prensa que la tarea periodística en la frontera de México con Estados Unidos, bajo disputa entre narcotraficantes, “es cada vez más peligrosa” y “muchos” reporteros “viven amordazados y amenazados”.

En Colombia, además de los asesinatos de los tres periodistas, las amenazas contra integrantes del gremio del sector “continuaron su tendencia creciente”, situación que se agrava con las constantes descalificaciones que hacen contra periodistas miembros del poder legislativo, ejecutivo, incluso “el propio presidente”, Álvaro Uribe.

En Argentina, Bolivia, Honduras y Uruguay el problema que enfrentan los periodistas es la actitud de “funcionarios de alta jerarquía que se han encargado de ‘marcar’ públicamente a medios concretos cuyas informaciones u opiniones les incomodan”.

En esta última lista aparecía en un inicio Estados Unidos, pero a petición de la presidenta de la SIP, Diana Daniels, del diario The Washington Post, fue eliminado porque a su juicio, a diferencia de los efectos que provoca en los reporteros latinos, esos señalamientos no intimidan a los periodistas estadounidenses.

Pacífico Sánchez/AFP