departamento de estado de los estados unidos y derechos humanos.

Estrategia EE.UU. de derechos humanos y democracia utiliza distintos recursos Medios diplomáticos, económicos y técnicos para impulsar la libertad

Estados Unidos utilizará diversas herramientas para seguir impulsando la expansión de la libertad en todo el mundo, de acuerdo a la estrategia que presenta el informe del Departamento de Estado "Apoyo a los Derechos Humanos y la Democracia: el Historial Estadounidense 2004-2005", divulgado el 28 de marzo.

Según esa estrategia, los informes internacionales de Estados Unidos sobre libertad religiosa y derechos humanos despiertan en el mundo la atención sobre los temas de derechos humanos, mientras que los programas a favor de la democracia y la gobernabilidad ofrecen ayuda técnica y otro apoyo para reforzar la capacidad y desarrollar estados e instituciones democráticas "que sean responsables y que rindan cuenta a sus ciudadanos".
Estados Unidos seguirá luchando a favor de los derechos humanos, dice la estrategia mientras los regímenes infrinjan la libertad de sus ciudadanos y los ciudadanos puedan establecer instituciones democráticas firmes, de su propia creación, capaces de proteger esas libertades en el futuro.
Estados Unidos "podrá retirar el apoyo o suspender su ayuda" a países que no hagan reformas en derechos humanos, indica la estrategia.
En relación a la situación en el Hemisferio Occidental, el informe dice que la región "se ha transformado a sí misma durante las dos últimas décadas, pasando de una región dominada por regímenes represivos y autoritarios a una en la que 34 de los 35 países tienen gobiernos democráticamente elegidos y sociedades civiles cada vez mayores".
El informe completo está disponible, en inglés, en el siguiente sitio electrónico: http://www.state.gov/g/drl/rls/shrd/2004
A continuación una traducción de algunos fragmentos del informe presentado por el Departamento de Estado:
Prefacio
El año transcurrido ha experimentado lo que esperamos sea un cambio espectacular en el panorama mundial. La participación de palestinos, afganos e iraquíes en elecciones y la "Revolución Naranja" en Ucrania han sido ejemplos de la aspiración universal de todos los pueblos para hacerse oír y gobernarse por sí mismos.
Hoy, más de cincuenta millones de personas que vivían bajo regímenes brutales en Afganistán e Iraq están encaminados hacia la democracia.
Luego de 23 años de conflicto e inestabilidad, el presidente afgano Hamid Karzai lleva hacia delante su nación arrasada por la guerra.
Iraq ha dado pasos iniciales para sumarse a la creciente comunidad de democracias del mundo. Vimos votar a los ciudadanos de ese país, que se hicieron oír por primera vez en décadas pese a la amenaza de la violencia terrorista. En otros lugares, los votantes palestinos reemplazaron una dirigencia anticuada con otra que busca la paz con sus vecinos, y celebraron sus primeras elecciones municipales desde el año 1976.
En otra región del mundo los ucranianos demostraron que no aceptarían que una elección fuera manipulada o robada. En última instancia, hubo una elección presidencial que reflejó verdaderamente la voluntad del pueblo.
Estos dramáticos acontecimientos ilustran vivazmente que ciudadanos de todo el mundo comparten el deseo de vivir en sociedades libres cimentadas en un profundo compromiso con la dignidad de cada individuo y el respeto por los derechos humanos. Aunque los regímenes autoritarios y corruptos pueden reprimir durante un tiempo las libertades y los derechos individuales, la historia nos demuestra que el avance hacia la democracia es inevitable y alienta nuestro apoyo a los derechos inalienables de los pueblos que aman la libertad.
Este tomo esclarece nuestra estrategia en 2004 y 2005 de promoción de la democracia y los derechos humanos en el mundo, así como las políticas y los programas concebidos con ese fin. Los programas sobre democracia y gobernabilidad ofrecen ayuda técnica y otro tipo de apoyo para fortalecer la capacidad de gobierno y desarrollar instituciones y estados democráticos responsivos y responsables ante sus ciudadanos. El presidente Bush anunció hace poco en sus discursos de toma de posesión y del Estado de la Unión una política de ayuda a los movimientos democráticos de cada país, cuyo objetivo final es acabar con la tiranía en nuestro mundo.
Reconocemos que cada país tiene una historia única y tradiciones que conformarán su propia búsqueda de la libertad. Sin embargo, sea cual fuere el camino o el ritmo, Estados Unidos está dispuesto a alistarse junto a aquellos que buscan la libertad para sí mismos y para sus conciudadanos.La defensa de los derechos humanos es una responsabilidad universal. Todos debemos ser defensores de los derechos humanos. Aprovecho esta oportunidad para rendir homenaje a todos aquellos que luchan por la libertad individual, dondequiera que estén. Cada uno de ustedes desempeña un papel importante en construir un mundo que respete la dignidad de cada persona y la igualdad de derechos inalienables para todos. Su labor nos inspira a todos.
Condoleezza Rice Secretaria de Estado
Estrategia estadounidense de derechos humanos y democracia
Estados Unidos, bajo el liderato del presidente Bush y el Congreso, ha hecho de la promoción de la libertad la base fundamental de su política exterior. La perspectiva presidencial de un mundo en el que reine la libertad ha sido formulada claramente a lo largo de su gobierno, pero nunca más vívidamente que en su reciente discurso de toma de posesión y en el Mensaje al Congreso sobre el Estado de la Unión. Esta misma perspectiva se refleja en la legislación sobre asuntos exteriores, que nos da las herramientas necesarias para convertirla en realidad.
La libertad y la dignidad humana son indivisibles. De ahí se desprende que nuestras políticas estén dirigidas a ampliar las libertades. Nuestra política de fomento de la democracia y los derechos humanos brota de los ideales estadounidenses y de nuestro interés nacional. Seguimos esta política porque es justa y porque se ocupa del miedo, el odio y la desigualdad que contribuyen a la injusticia, al terrorismo, a la violencia y a la inestabilidad.
Estados Unidos dedica energía y recursos significativos a la promoción mundial de la democracia. El Departamento de Estado asume el papel de líder en la integración de nuestras iniciativas de promoción de la democracia en todos los aspectos de nuestra política exterior.
Al poner en práctica su estrategia de derechos humanos y democracia, Estados Unidos emplea una amplia gama de herramientas diplomáticas, informativas y económicas para adelantar sus objetivos de política exterior. Los funcionarios estadounidenses comprometen a gobiernos, instituciones multilaterales, organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales e individuos de todo el mundo para alentar las prácticas mejoradas de derechos humanos y la transición a la democracia.
Los Informes anuales por Países sobre Prácticas de Derechos Humanos, el Informe anual sobre Libertad Religiosa Internacional y este informe son ejemplos del uso de tales herramientas informativas. Estados Unidos ofrece también ayuda económica, financiera y técnica a países y organizaciones que desean ayudar a encarar los retos a los derechos humanos y la democracia, inclusive mediante programas bilaterales y multilaterales, al igual que a través de instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
Los programas sobre democracia y gobernabilidad ofrecen ayuda técnica y otro tipo de apoyo para fortalecer la capacidad y desarrollar estados e instituciones democráticas responsivos y responsables ante sus ciudadanos. Los programas se organizan en torno a conceptos fundamentales que se consideran los elementos básicos de construcción de la democracia. Los programas sobre la democracia promueven el estado de derecho y los derechos humanos, las elecciones transparentes y justas vinculadas a un proceso político competitivo, un entorno abierto y libre para los medios informativos, una sociedad civil más fuerte, mayor participación ciudadana en el gobierno y estructuras gubernamentales eficaces, responsivas y responsables.
A los gobiernos que han demostrado la voluntad de reformar, Estados Unidos les ofrece ayuda financiera, técnica y política para sus esfuerzos. A los gobiernos que carecen de la voluntad de reformar, Estados Unidos -- como uno de los pilares más antiguos de su política exterior -- les puede retirar su apoyo o suspender tal ayuda cuando un país deja de dar los pasos suficientes para lograr progresar en sus prácticas de derechos humanos. En cualquier caso, Estados Unidos colaborará y brindará ayuda a aquellos que, dentro de una sociedad, trabajan pacíficamente en pro de los procesos democráticos.
La oportunidad y selección de los usos de estas herramientas se ajustan a cada situación. Escogemos la herramienta o combinación de herramientas que creemos adelantará mejor los objetivos de política exterior del presidente. En www.state.gov/g/drl/rls/42314.htm puede encontrarse una lista, en inglés, de algunas de las leyes significativas acerca de este tema.
Nuestra lucha por los derechos humanos continuará en tanto haya regímenes que infrinjan la libertad de sus ciudadanos y hasta que los ciudadanos sean capaces de crear instituciones democráticas fuertes, de su propia concepción, que sean capaces de proteger esas libertades en el futuro. Aunque este reto es formidable, nos hemos comprometido a sostener el elemento principal y la práctica de la democracia. Colaborando como estadounidenses y con nuestros amigos y aliados de la comunidad de democracias, podemos abrir un camino hacia la libertad para todos los hombres del mundo.
La libertad y la dignidad humanas son inseparables.
Apoyo a los derechos humanos y la democraciaHistorial estadounidense 2004-2005Hemisferio Occidental
El Hemisferio Occidental se ha transformado a sí mismo durante las dos últimas décadas, pasando de una región dominada por regímenes represivos y autoritarios a una en la que 34 de los 35 países tienen gobiernos democráticamente elegidos y sociedades civiles cada vez mayores. A pesar de esa tendencia favorable, muchos de los países del hemisferio continúan esforzándose por consolidar las reformas democráticas y asegurar el respeto por los derechos humanos fundamentales.
En el curso del año, Haití afrontó la agitación política y el conflicto interno. Tras la renuncia y partida del ex presidente Aristide a fines de febrero, se nombró un gobierno interino por mandato de la constitución (IGOH) el 17 de marzo. Con ayuda de la comunidad internacional, el IGOH emprendió en el curso del año medidas importantes para volver a construir la democracia y el imperio de la ley. En Bolivia, donde los ciudadanos siguen sin confiar en la habilidad de su gobierno de ofrecer una dirección responsable y sensible, la inquietud del público disminuyó en el 2004 comparada con años anteriores. En Cuba, la represión constante contra los disidentes en pro de la democracia y los activistas de derechos humanos siguió siendo un problema grave. Los ciudadanos de Venezuela, enfrentados a un régimen de gobierno cada vez más autoritario, acudieron a las urnas en agosto en un intento de resolver de forma pacífica y democrática el estancamiento político de la dirigencia del país.
Reconociendo estos desafíos, Estados Unidos prosiguió en 2004 sus iniciativas para fortalecer las instituciones democráticas, promover la buena gobernabilidad y la transparencia, respaldar el imperio de la ley y fomentar un mayor respeto por los derechos humanos. Los esfuerzos de Estados Unidos se centraron tanto en el compromiso diplomático a altos niveles como el trabajo de base con las partes interesadas de la sociedad civil.
Estados Unidos proporcionó asimismo apoyo a las instituciones democráticas claves de la región, incluidos los partidos políticos y la sociedad civil. Las iniciativas para partidos políticos se enfocaron en la democratización interna, la extensión a grupos marginados, la sensibilidad a las necesidades de los votantes y una mayor rendición de cuentas. La asistencia a civiles y la capacitación promovieron una mayor inclusión en el proceso democrático. Como resultado de los programas auspiciados por Estados Unidos, en muchos países los ciudadanos estuvieron en condición de exigir una mayor transparencia y rendición de cuentas en el gobierno. En Jamaica, la asistencia de Estados Unidos aumentó la habilidad de la sociedad civil para influir en el gobierno, lo que resultó en políticas más enérgicas para combatir crímenes violentos. En la República Dominicana, el sostén diplomático y programático estadounidense fue decisivo en allanar el camino para las elecciones, que fueron reconocidas internacionalmente como libres y justas. En preparación de las elecciones nacionales y municipales en Haití, Estados Unidos proporcionó fondos para la inscripción de votantes, el desarrollo de partidos políticos y la educación de los votantes.
Estados Unidos apuntaló los esfuerzos regionales para resolver los conflictos internos, fortalecer el imperio de la ley, proteger los derechos humanos y promover los derechos de los trabajadores. El Programa estadounidense de Paz en Colombia fue desarrollado en 2004 en respuesta a los esfuerzos del gobierno para ampliar las negociaciones de paz con los grupos armados ilegales. Estados Unidos estableció centros de coexistencia pacífica en siete municipalidades colombianas plagadas por el conflicto. Estados Unidos asistió también las gestiones del gobierno para reformar los códigos y procedimientos judiciales en toda la región, lo que resultó en mayor eficacia y acceso a la justicia. Estados Unidos coordinó proyectos en la región para fortalecer los sistemas y mercados laborales mediante el fomento de la libertad de asociación, la negociación colectiva y la protección de normas laborales esenciales. Al abordar la trata de personas, los esfuerzos estadounidenses fueron a menudo regionales, reflejando el hecho de que la trata de personas es un problema que por definición se extiende más allá de las fronteras nacionales. Las gestiones contra la trata de personas financiadas por Estados Unidos fueron particularmente robustas en Brasil, Perú, Guatemala, República Dominicana y Honduras. La lucha contra el trabajo infantil muchas veces procede de acuerdo con la lucha contra la trata de personas, puesto que los niños son frecuentemente víctimas de la explotación en ambas situaciones. Con el fin de abordar esta amenaza conjunta, Estados Unidos apoya proyectos concebidos para aumentar la conciencia y reducir los casos de trata de personas y trabajo infantil en la región.
El fortalecimiento de los partidos políticos en América Latina
En las décadas recientes América Latina ha experimentado una ola de democratización a medida que la región se aleja de las dictaduras del pasado. Sin embargo, el proceso democrático sigue siendo frágil. Muchos ciudadanos en América Latina consideran que los partidos políticos no están al corriente del pueblo, se dejan guiar por los intereses de la élite, están plagados por la corrupción y son incapaces de cumplir sus promesas o de demostrar liderazgo. Para contrarrestar estas preocupaciones, el Instituto Nacional Democrático (NDI) ha emprendido un proyecto cuyo propósito es rejuvenecer y fortalecer los partidos políticos en Argentina, Bolivia y Perú.
El NDI, utilizando una metodología interactiva y de participación que enseña "mejores prácticas" para la gobernabilidad democrática, ofreció en febrero talleres regionales en los que participaron 18 representantes de organizaciones que se especializan en capacitar a partidos políticos. La iniciativa del NDI, financiada por Estados Unidos, pidió a cada participante que elaborara y pusiera en práctica un proyecto que mejorara entre sus clientes la democracia interna, la transparencia y la divulgación al electorado. Si bien este proyecto enfrentó objeciones en Bolivia -- lo cual alude a la necesidad de redoblar los esfuerzos de revitalización de los partidos políticos en ese país -- la iniciativa tuvo un éxito visible en Argentina y Perú. Los participantes se tomaron el modelo de "capacitación del capacitador" a pecho y adaptaron el programa del NDI para uso local. En las sesiones del seminario el NDI proporcionó metodologías y materiales de capacitación para ayudar a los participantes a llevar a cabo sus proyectos, entre los que figuraron la instrucción sobre resolución de problemas políticos, la provisión de recomendaciones acertadas sobre políticas y las actividades de divulgación a la juventud. Como un recurso más para los reformadores de partidos políticos, el NDI publicó en su sitio web una serie de estudios de caso, en español, que representan mejores prácticas que han tenido gran éxito.
Publicado: 28 marzo 2005 Actualizado:
Desde el departamento de estado de los EEU, derechos humanos: saludos Rodrigo González fernández derhumano.blogspot.com

SENADO APRUEBA INCORPORACION AL TRATADO QUE CREA CORTE PANAL INTERNACIONAL

Aprueban incorporación de Chile al tratado que crea la Corte Penal Internacional pero resguardan la supremacía de su jurisdicción penal
Comisión de Constitución aprobó por unanimidad la iniciativa luego del consenso alcanzado entre el Ejecutivo y los parlamentarios en orden a especificar que primará la supremacía de la jurisdicción nacional en materia penal.

Senadores de la comisión de Constitución lograron acuerdo
Por unanimidad, la Comisión de Constitución aprobó la reforma constitucional que permite al Estado chileno suscribir el Tratado de Roma que crea la Corte Internacional Penal. El acuerdo se logró luego que el Ejecutivo y los parlamentarios decidieron incorporar algunas normas que cautelan los principios básicos de la legislación chilena en la Constitución, respecto a la supremacía de la jurisdicción nacional en materia penal.
Así lo afirmó el senador Alberto Espina, presidente de la instancia quien destacó que de esta forma, se destrabó el debate sobre esta iniciativa, en primer trámite lo que “significa un gran avance en materia de derechos humanos, porque el hecho que Chile ratifique su incorporación a la Corte Penal Internacional significa que nos sumamos al grupo de países que no está dispuesto a aceptar que dictadores que violan los derechos humanos, finalmente queden en impunidad”.
Asimismo, recalcó que “se aprobaron algunas normas que acogieron las inquietudes de los parlamentarios en orden a resguardar la primacía de los tribunales chilenos y que establecen que el Estado de Chile podrá reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI) en los términos previstos en el tratado firmado en Roma en julio de 1998”.
No obstante, aclaró “que al efectuar este reconocimiento, considera que un caso será inadmisible ante la Corte Penal Internacional, cuando haya sido juzgado o esté siendo investigado por los órganos competentes nacionales”.
El senador Espina agregó que “Chile reafirma la supremacía de su jurisdicción penal en relación a los crímenes de competencia de la corte y ninguna persona será entregada por Chile a la CPI, mientras los órganos competentes del Estado tengan la oportunidad de investigar y juzgar la presunta comisión de un crimen de competencia de la corte penal internacional: genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra y agresión, en los casos en que tenga jurisdicción los tribunales chilenos”.
Asimismo añadió que “la cooperación entre las autoridades nacionales y la CPI, en especial entre el Ministerio Público y el Fiscal de dicha corte se sujetará a lo que dispone la ley chilena respectiva. Por otra parte, ninguna persona podrá ser arrestada o detenida en conformidad a una solicitud expedida por la CPI sino a través de una orden de un funcionario público chileno expresamente facultado por la ley”.
Finalmente, expresó que “la jurisdicción de CPI en los términos previstos en su estatuto sólo podrá ejercerse respecto de los crímenes de su competencia, cuyo principio de ejecución sea posterior a la entrada en vigor para Chile del Estatuto de Roma. El país se reserva también el derecho de aprobar o rechazar cualquier cambio en la tipificación de los delitos que comprende la jurisdicción de la CPI, en cuanto a la agregación de nuevos delitos o en la descripción del ilícito de agresión que aún no se sabe qué va a consistir”.
Segunda etapa
Por eso, una segunda etapa, luego de la aprobación de esta reforma constitucional y del tratado de Roma, es la tramitación, a la brevedad, de una iniciativa legal, originada en una moción de los senadores José Antonio Viera Gallo y Jaime Naranjo que tipifica en la legislación chilena los delitos de crímenes de guerra, genocidio y lesa humanidad.
El parlamentario explicó que la iniciativa legal, en primer trámite, modifica el código penal chileno e incorpora la descripción de estos tres ilícitos. “Eso es muy importante, porque es la única forma que el estado de Chile pueda después demandar la supremacía de jurisdicción interna respecto de la Corte Penal Internacional”.
Explicó que “los crímenes de guerra son los que se cometen durante un período de guerra interior o exterior y suponen una agresión a la población civil o maltrato a prisioneros; en cambio, los de lesa humanidad son los que se cometen sistemáticamente atacando a la población civil en un tiempo de paz. Por ejemplo, los atentados en Nueva York, Madrid o Londres pueden ser considerados crímenes de lesa humanidad”.
Con posterioridad, el legislador indicó que se debe tramitar “un segundo proyecto que presentamos junto al senador Naranjo y que consiste en reglamentar todas las formas de cooperación entre la Corte Penal Internacional y el Estado de Chile. Es decir, desde la solicitud de documentos hasta el procedimiento para interrogar, detener o trasladar una persona requerida”.
Añadió que “si Chile decidiera más adelante ser un país donde se pudieran cumplir las penas que la Corte establece se tendría que regular todo lo relativo a la ejecución de la pena”.
Puntualizó que “el paso que hemos dado hoy día es enorme, porque Chile era el único país de Latinoamérica junto con Cuba que no ha ratificado el Tratado de Roma, porque México está en proceso de suscripción del tratado”.
Estatuto de Roma
La Comisión de Constitución desarchivó en junio pasado la reforma constitucional que aprueba el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional, que ingresó al Senado el 16 de abril del 2002 y que, producto de la falta de votos para su aprobación, fue archivado el 27 de diciembre del 2004.
El gobierno dio urgencia calificada de simple a la iniciativa, lo que significa que cada rama legislativa tiene un plazo de 30 días para su despacho. El acuerdo se adoptó luego que la instancia recibió al ministro de Relaciones Exteriores, Ignacio Walker, quien en reiteradas oportunidades ha recordado que nuestro país fue uno de los que suscribió la creación de la Corte Penal Internacional, en 1998.
El proyecto de reforma constitucional que autoriza al Estado de Chile para aprobar el Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional, fue enviado por el Ejecutivo debido a una resolución adoptada por el Tribunal Constitucional donde se señaló que, para aprobar la Corte Penal Internacional, se requería de una reforma a la Constitución previa.
Cabe recodar que antes de que el Senado hubiera analizado el Proyecto de Acuerdo, en segundo trámite, que ratifica el Tratado de Roma, un grupo de diputados, que había votado en contra de la iniciativa en la Cámara de Diputados, presentó ante el Tribunal Constitucional un requerimiento por inconstitucionalidad argumentando que la creación de la Corte Penal Internacional no está permitida por la Constitución de 1980 y que, por ende, no podría procederse a su aprobación sin que mediara una reforma constitucional previa. Por su parte, el gobierno señaló la plena constitucionalidad de las disposiciones del Estatuto de Roma.
Sin embargo, la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), en votación dividida, acogió el libelo de inconstitucionalidad y declaró que “el Tratado que contiene el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional,... para su aprobación por el Congreso Nacional y su posterior ratificación por el Presidente de la República, requiere de reforma constitucional previa.
SENADO CHILENO APRUEBA TRATADO DE INCORPORACION DE CHILE A CORTE PENAL iNTERNACIONAL. Saludos, Rodrigo González fernández, corpenal.blogspot.com, rogofe47@hotmail.com